El portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Cuenca, Ávaro Barambio, ha denunciado que el Despacho contratado para asesorar jurídicamente en los Procedimientos de Vulneración de Derechos Fundamentales aperturados por el Jefe de la Policía Local y su Segundo ante la iniciación de expedientes sancionadores «no ha demostrado su solvencia técnica».
Así lo ha expresado el GMP a través de una nota de prensa, en la que indica que incluso el propio secretario del Ayuntamiento ha señalado esta falta de solvencia. El Partido Popular solicitó estos documentos a principios del mes de junio, ya que obtuvieron «la callada por respuesta» al preguntar sobre este asunto en el pleno ordinario del mes de mayo.
Según afirman desde el Partido Popular, en la nota informativa del Secretario de la Corporación Municipal incluida en la documentación, se explica que «no queda acreditada la imposibilidad de pedir otras ofertas», y que «no está justificada la razón de que se haya acudido a una determinada empresa ya que no consta en el expediente la solvencia técnica para justificar el por qué se dirigen a esa determinada empresa». Por ello, Álvaro Barambio afirma que el alcalde no tenía «motivo ni justificación aparente» para remitirse al despacho contratado.
«Es cuanto menos sorprendente que la motivación para contratar estos servicios externos parece surgir de la imposibilidad de la Asesoría Jurídica para acometer este trabajo por el exceso de carga y la especialidad de la materia», afirma la nota compartida por los populares.
«Esta argumentación es liviana, porque no dejan de ser Procedimientos Judiciales ajustados a la normalidad, y cabe recordar que el Ayuntamiento se ha visto inmerso en otros Procedimientos de Vulneración de Derechos Fundamentales y en ninguno se ha externalizado, siempre lo ha tramitado la Asesoría Jurídica», argumenta Barambio. El portavoz ha puesto de ejemplo la apelación que tiene el consistorio en el TSJ ante la Sentencia que declaró nula la denegación del Pleno Extraordinario sobre la Ley de Amnistía que pidió el propio Grupo Popular.
Asimismo, los populares han explicado que «ninguna matización, especificación, desglose o puntualización se detalla en el informe de necesidad en relación con la idoneidad del beneficiado, tal y como establecen las propias Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2022 (prorrogado al 2024)».
El PP considera «igual de curioso y sospechoso» que el importe exacto del contrato «no figure en el Decreto, indicando que es menor de 2.500 euros». «Una vez comprobada la documentación, es menor en catorce céntimos», afirma Álvaro Barambio. «Esto pone de manifiesto lo precisos que son en cuanto a la fijación de las cuantías en el despacho agraciado ya que, si no se podría llegar a pensar que estamos ante ‘una oferta hecha a medida’ para no tener que saltar ningún filtro», ha comentado.
