El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca acusa al alcalde de la ciudad, Darío Dolz, de «mentir y tergiversar la realidad» en el asunto del transporte urbano de la capital y la sentencia que obliga a pagar a Líneas Urbanas de Cuenca una indemnización de más de 600.000 euros. Culpan de este fallo a la «nefasta negociación» que se llevó a cabo en la legislatura del socialista Juan Ávila, cuando Dolz era «su mano derecha» y aseguran que «de no haber sido por las gestiones realizadas durante la legislatura 2015-2019 bajo el gobierno del Partido Popular la deuda sería aún mayor tal y como se señala en los pronunciamientos judiciales».
Los populares señalan que además de el precio a abonar tras esta sentencia, «se suma la cantidad reclamada por la empresa desde el 2019 y que debe de rondar el millón de euros, siendo este el verdadero problema que ocasiona la situación actual de abandono y desatención del servicio de transportes».
El Grupo Municipal Popular destaca que han intentado mantener un «contacto personal» con la empresa concesionaria para saber la «verdadera» situación del transporte urbano en la ciudad y «aportar las soluciones que a nuestro juicio pudiéramos considerar oportunas». Sin embargo, critican que no hayan tenido contestación «bien por la falta de interés o por la posible realización de presiones desde el equipo de gobierno para que esta reunión no se lleve a cabo».
Asimismo, los populares creen que el anuncio que ha dado Dolz sobre el «paso administrativo importante» relacionado con las lanzaderas a la estación Fernando Zóbel tiene que ver con declara caducado el último procedimiento de modificación del contrato con la empresa concesionaria, el cual sustentó una prórroga «indebida», para realizar una nueva modificación. El Grupo Municipal Popular considera esto de «trabalenguas jurídico» y plantea como única solución una nueva licitación del servicio de transportes.