Tras conocerse la revocación por parte de la Justicia de la suspensión temporal de funciones del jefe de la Policía Local y el oficial de más antigüedad que había acordado la Junta de Gobierno Local, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca indica en un comunicado que, «como señaló al inicio del procedimiento, hablamos de una investigación interna por parte de funcionarios municipales del más alto rango que se inicia a instancias de personal del Consistorio».
Insiste en que dicha investigación «deriva en la apertura de dos expedientes disciplinarios que se aprueban en Junta de Gobierno Local junto a unas medidas cautelares, dejando claro que tanto la apertura de estos expedientes como las medidas cautelares son las propuestas por dichos funcionarios municipales en base a un informe jurídico, en ningún caso parten de motu proprio del equipo de Gobierno».
Desde el gobierno local que integran PSOE y Cuenca nos Une insisten en este texto «en que se trata de una investigación interna por parte de funcionarios municipales del más alto rango, y así lo va a seguir siendo». Como equipo de Gobierno, añaden, «no podemos sino esperar que continúe el desarrollo del procedimiento y se dé resolución a los expedientes disciplinarios».
Voces de Cuenca se había puesto en contacto con fuentes municipales para valorar la revocación de las medidas cautelares y la petición del Partido Popular reclamando la destitución de Saray Portillo, primera teniente de alcalde, como concejal responsable de Policía Local, pero no había obtenido respuesta hasta este comunicado.
En el texto, el Ejecutivo municipal que encabeza Darío Dolz defiende que tras la Junta de Gobierno Local en la que se decidió la suspensión temporal de funciones «se produjo una Junta de Portavoces a la que acudieron los portavoces de todos los grupos políticos municipales, quienes confirmaron, todos ellos, que ante la investigación iniciada y sus resultados no cabía otra opción más que la que se había tomado».
Es por ello, añaden, «que resulta sumamente preocupante que ahora el Grupo Popular pretenda hacer de esto un asunto político, y no estrictamente jurídico, contradiciendo en sus declaraciones en prensa aquello que habían avalado en Junta de Portavoces».
