La Junta de Gobierno Local ha acordado presentar recurso de apelación contra la sentencia que insta a cerrar los aparcamientos en las explanadas del antiguo Serranía a petición de la concesionaria del parking de Astrana Marín, HERCE ICR. Según publica este lunes La Tribuna de Cuenca, el fallo judicial obliga a restringir el número de plazas a 50 durante seis meses para ver qué efectos ocasiona.
La demanda de la adjudicataria del parking se refiere al “mantenimiento del equilibrio económico de la concesión”, alegando que estos aparcamientos en las explanadas cercanas suponen “repercusión en los ingresos de la empresa”. De hecho, ya hubo que cerrar al aparcamiento la explanada de Antonio Maura a instancias de esta misma entidad. Según estipula el informe jurídico municipal, “la propia sentencia reconoce que no existe una obligación contractual del Ayuntamiento para el cierre de estos aparcamientos”.
Y es que, a juicio del equipo de Gobierno, “la anterior Corporación municipal del Partido Popular dio por solucionado un problema, pero a costa de generar otros que están originando sentencias como ésta, derivada de aquella actuación, y a los que ahora hay que dar solución”.
Reacciones
‘Cuenca, En Marcha!’, la confluencia de Podemos y Equo en el Ayuntamiento de la capital conquense, considera “humillante” la sentencia .
Según la concejala y portavoz de CeM! en el Ayuntamiento de Cuenca, Mª Ángeles García Jiménez, esta sentencia es “una nueva prueba de quién manda en esta ciudad”. A su juicio, la problemática derivada de la construcción y explotación del aparcamiento de Astrana Marín “es un caso fabricado, artificial, y que responde únicamente a la voluntad de las sucesivas corporaciones de anteponer los intereses de cuatro grupos empresariales a los de la propia ciudad”. En este sentido, ha recordado que su formación ya se opuso a la formalización del contrato de explotación en los términos acordados entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento y que supuso el cierre forzado de la explanada situada al final de la Calle Antonio Maura.
García Jiménez ha puesto especial énfasis además en la “bochornosa situación” que supone que la empresa Grupo Herce, adjudicataria del aparcamiento y denunciante en ambos casos, sea además la empresa que vaya a encargarse de la construcción del complejo deportivo del Terminillo, junto al nuevo hospital, y que tiene prevista una inversión de unos 10 millones de euros públicos. Para García Jiménez, este proyecto “ni estaba pedido, ni está explicado, ni está publicado”, sin embargo, “ya tiene el presupuesto asignado y la empresa elegida por la gracia de dos: García-Page y Darío Dolz”.
“El nivel de caciquismo y de sumisión de esta ciudad es asfixiante y la ciudadanía está ya harta de que nos tomen por tontos”, ha lamentado. “Que lo paguen ellos”.
