El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha otorgado provisionalmente 1.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación a 170 municipios y dos entes supramunicipales para descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana. De esta resolución provisional, a Castilla-La Mancha se han asignado 14.400.736 euros (26,84 euros por habitante solicitante), para atender a los siete proyectos beneficiarios.
En concreto, la resolución atiende los siguientes proyectos en Castilla-La Mancha:
-Ciudad Real (2.045.000 euros), para proyectos de peatonalización sostenible y para la implantación de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE)
-Albacete (5.092.000 euros), para la peatonalización del centro, la reforma del carril bici, la instalación de parquímetros sostenibles y la reforma de accesos a la estación de autobuses
-Talavera de la Reina (2.427.000 euros), para nuevos itinerarios ciclistas, implantación de ZBE e itinerarios peatonales
-Alcázar de San Juan (307.000 euros), para nuevas marquesinas y paradas de bus
-Guadalajara (3.930.000 euros), para un aparcamiento disuasorio, implantación de ZBE y acondicionamientos urbanos
-Valdepeñas (400.000 euros), para la ZBE
-Cuenca (202.000 euros) para la ZBE (Zona de Bajas Emisiones)
La resolución provisional de la convocatoria de 2021 de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación sostenible del transporte urbano, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se ha publicado en la sede electrónica del Mitma y los ayuntamientos disponen ahora de cinco días hábiles para presentar alegaciones o renunciar a los fondos. El programa está dirigido a municipios de más de 50.000 habitantes, capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes que cumplan una serie de requisitos, como disponer de un sistema de transporte público urbano.
La convocatoria se articuló en régimen de concurrencia competitiva y cerró con un gran éxito de participación. En total, 193 municipios presentaron 262 solicitudes por valor de 1.497 millones de euros, casi un 50% más de lo presupuestado. De las 262 solicitudes, finalmente han sido seleccionadas 179 propuestas de 170 municipios. Así, el 87% de los solicitantes ha obtenido financiación.
Los proyectos financiados deberán estar finalizados el 31 de diciembre de 2024. Tras el proceso de análisis y evaluación realizado con apoyo de expertos independientes de Ineco, Cedex y Senasa, las solicitudes descartadas lo fueron por incumplir los criterios de admisibilidad o por criterios técnicos. Está previsto que en 2022 se publique una segunda convocatoria con 500 millones de euros, hasta completar los 1.500 millones de euros previstos para esta línea.
¿Qué es una Zona de Bajas Emisiones? (ZBE)
Las ZBE, según el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), son «áreas en las que el acceso a determinados vehículos está restringido debido a sus emisiones, es decir, son medidas pensadas para mejorar la calidad del aire». Se circunscriben a un área amplia dentro de la ciudad, o incluso a la ciudad entera, y permiten la entrada a los vehículos que cumplen con los mejores estándares de emisiones. Algunas ciudades, como Milán, prevén restricciones mayores a medida que hay disponibles en el mercado vehículos con dichos estándares de homologación, llegando a prever el fin de la entrada de los diésel. Madrid propone la restricción de la libre circulación a los vehículos que no sean de residentes o 0 emisiones, aunque lo aplica a un área pequeña.
El Miteco ha elaborado y ha puesto a disposición de las entidades locales un documento que sirve de guía para el diseño de estas zonas de bajas emisiones. Las directrices recogen los umbrales mínimos que deben tenerse en cuenta a la hora de crear una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Entre ellos, se incluyen criterios en materia de calidad del aire, eficiencia energética, ruido y cambio climático. Además, fija también el procedimiento para su implantación, una propuesta de indicadores de seguimiento y un amplio catálogo de medidas que los ayuntamientos podrán adoptar para incentivar el cambio hacia una movilidad ambientalmente más sostenible que redunde, además, en una mejora de la calidad del aire que respiramos.
En particular, para el diseño de Zonas de Bajas Emisiones los Ayuntamientos deberán establecer objetivos que permitan mejorar la calidad del aire, garanticen el cumplimiento de los límites regulados para distintos contaminantes y tiendan a alcanzar los estándares definidos por la Organización Mundial de la Salud, así como objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero coherentes con los determinados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. A partir de ahí, deberán articular las medidas necesarias para que las Zonas de Bajas Emisiones contribuyan a alcanzar estos objetivos.
Las directrices no determinan una extensión mínima para las zonas de bajas emisiones, que dependerá de las características de cada municipio, pero sí señalan que deberá ser significativa y suficiente para el cumplimiento de los objetivos. Se identifican distintos modelos de ZBE, tanto estructurales (núcleo, en áreas concretas, o anillo, introduciendo gradualidad por áreas concéntricas) como complementarias (especiales, para áreas como campus universitarios, parques empresariales, entornos escolares o sanitarios, y específicas para tramos de calles en las que concurran circunstancias singulares).
Tampoco se determina para qué tipologías de vehículos deberá restringirse el acceso a una ZBE. De nuevo, dependerá de cada caso, debiendo diseñarse las restricciones de modo que hagan posible alcanzar los objetivos. En todo caso, las directrices apuntan que el diseño de las ZBE deberá tener en cuenta la pirámide de movilidad, dando prioridad al peatón, a la movilidad activa y al transporte público por delante del vehículo privado. Respecto de este último, y con el fin de alcanzar los objetivos en materia de calidad del aire y cambio climático, deberán priorizarse los vehículos con emisiones bajas y, preferentemente, nulas, contribuyendo así a impulsar la electrificación del transporte.
Actuaciones subvencionadas
El objetivo del programa, financiado con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), es contribuir a mejorar la calidad del aire en las ciudades y la descarbonización de la movilidad, articulando un sistema de transporte público urbano fiable, asequible, atractivo y de nulas emisiones y promoviendo la movilidad activa (bicicleta, ir a pie), de manera que el uso del vehículo privado a motor sea más limitado. La distribución de los fondos por tipo de actuación se articula de siguiente forma:
El 40% del presupuesto de la convocatoria se ha asignado a actuaciones encaminadas al desarrollo de la movilidad activa, como la construcción de carriles bici, la peatonalización de calles o la instalación de puntos de alquiler de bicicletas.
El 20% de los fondos se invertirán en impulsar las flotas de cero emisiones. Así, se prevé financiar con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) la adquisición de autobuses urbanos de cero emisiones y de vehículos eléctricos para la recogida de basuras. Las ayudas para la renovación de flotas y para la instalación de puntos de recarga eléctricos para dichos vehículos pesados.
El 17% de las ayudas financiará mejoras en la eficiencia del transporte público, incluyendo el refuerzo de los servicios ferroviarios urbanos, del reparto de mercancías en la última milla y el calmado del tráfico rodado. Este tipo de proyectos contempla actuaciones como el desarrollo o refuerzo de aparcamientos disuasorios de competencia municipal, el establecimiento de áreas de estacionamiento reguladas fuera de las zonas de bajas emisiones, la mejora de la accesibilidad al transporte público a personas con movilidad reducida y colectivos especiales o la habilitación de plataformas y carriles de priorización del transporte público.
El 12% de los 1.000 millones de la convocatoria se destina a proyectos de digitalización de la movilidad para la mejora de los servicios públicos de transporte (información en tiempo real, planificación de itinerarios, pago digital…) y de la gestión de las administraciones. Por último, el 11% de las ayudas se destinará a financiar proyectos de implantación de Zona de Bajas Emisiones y actuaciones complementarias para su puesta en marcha o refuerzo de las ya existentes. Hay que tener en cuenta que sólo los municipios de más de 50.000 habitantes podían solicitar financiación para este tipo de actuaciones, ya que son los que deben tener este tipo de áreas habilitadas en 2023.
