Más de 75 personalidades de la vida política española de las últimas décadas -entre ellos una treintena de ministros de UCD, PSOE y PP- han firmado y difundido un manifiesto en el que apoyan la figura del rey Juan Carlos I, piden respeto para su presunción de inocencia y reivindican la labor desarrollada desde la Jefatura del Estado, que califican como «la etapa histórica más fructífera que ha conocido España desde comienzos del siglo XIX».
El texto censuran «la proliferación de condenas» a las actividades del rey emérito cuya reprobación, si la mereciera, «la decidirán los tribunales de cultura» y defienden con la idea-fuerza de que «nunca se podrá borrar» su legado «en beneficio de la democracia y la la Nacion».
Por eso piden «a partidos y organizaciones políticas que tienen el respeto a la Constitución como su enseña básica» que actúen en consecuencia y defiendan «por todos los medios democráticos a su alcance la integridad política y territorial de la Nación y el buen nombre de las personas e instituciones que han hecho posible estos últimos y satisfactorios cuarenta años de historia común».
Entre los firmantes figuran varias figuras vinculadas a Cuenca y su provincia bien por origen familiar o por su actividad política. Uno de ellos es José Enrique Serrano (1949), exdiputado socialista y jefe de Gabinete de Presidencia con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Está considerado como uno de los ‘fontaneros’ más influyentes de la política española y su nombre apareció de forma recurrente como ‘ministrable’ en las quinielas sobre la configuración de los gobiernos del PSOE. Ha colaborado también con Pedro Sánchez y hubo informaciones periodísticas que le atribuyeron la autoría, al menos parcial, del discurso de la moción de censura con la que el actual presidente accedió a La Moncloa.
Aunque es natural de Madrid, sus orígenes familiares están en Tribaldos, municipio de 107 habitantes de La Mancha Alta conquense desde el que se contemplan una de las mejores vistas del Monasterio de Uclés. El veterano político mantiene allí vivienda y varias fincas rústicas, como se reflejaba en sus declaraciones de bienes, y acude a pasar períodos vacacionales. Su padre, alto cargo en la etapa del régimen franquista, todavía se recuerda en la zona. Un prócer de la época que se distinguió por beneficiar mediante intercesiones y donaciones a su pueblo, labor que se reconoció dándole su nombre a una de las calles y al grupo escolar de la localidad.
Entre los apologetas de la monarquia consitucional cuya rúbrica se adhiere al texto está también Rafael Catalá (1961), ministro de Justicia con Mariano Rajoy desde 2014 hasta 2018 y, lo más relevante para lo que atañe a esta información, diputado nacional en representación de la provincia de Cuenca durante casi cuatro años, de 2015 a 2019 Este miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado que también ocupó varios altos cargos en el Ministerio de Fomento (y llegó a ser titular en funciones de esa cartera) encabezó en tres ocasiones las listas del Partido Popular al Congreso por la circunscripción conquense. En las dos primeras logró sendas victorias con un 41,9% y un 45,7% de los votos válidos respectivamente, aunque en la tercera (abril 2019) fue vencido y superado por el PSOE, quedándose en un 35%. Durante su etapa como parlamentario fueron frecuentes sus desplazamientos al territorio conquense y su participación en actos públicos.
También ministro (en este caso de Relaciones con las Cortes en los gobiernos de Felipe González) y diputado nacional (por el PSOE y de 1977 a 1994) fue Virgilio Zapatero (1946), otro de los exdirigentes que apoyan el manifiesto que reivindica el legado del rey Juan Carlos I. Palentino de cuna, su vinculación con la provincia conquense llegó por vía conyugal que política ya que se casó con una taranconera. Rector de la Universidad de Alcalá y autor de numerosas publicaciones de referencia en el mundo del Derecho, fue condenado a cuatro meses de cárcel por el uso de las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid, aunque no entró en prisión y expulsado de las filas socialistas por ese escándalo. Su hijo, Pablo Zapatero Miguel, es el actual secretario de Estado de Justicia.
Relevante peso en la política nacional, provincial y autonómica tuvo también Javier Rupérez, (1941) otro de los nombres que avalan el manifiesto que califica a Juan Carlos de Borbón como «el motor del cambio democrático» y apela a los valores y virtudes «de la bien llamada» transición a la democracia, que consideran que supuso «un poderoso reforzamiento de la autoestima nacional y al tiempo un modelo admirado e imitado internacionalmente» . De la Puebla de Almenara es su familia materna y este pueblo siempre ha sido para él una referencia vital a la que sigue vinculado. Militante democristiano contra el franquismo y fundador del partido Izquierda Democrática, se integró en 1977 en la Unión del Centro Democrático de Adolfo Suárez, de la que fue secretario de Relaciones Internacionales. En esa etapa ucedista estuvo secuestrado por ETA durante un mes. En 1982 pasó al Partido Demócrata Popular (llamado en su etapa final Democracia Cristiana) que tras varios encuentros y desencuentros con Alianza Popular acabo diluyéndose en 1989 en el refundado Partido Popular, formación de la que el conquense fue vicepresidente hasta el año 2000. En su faceta de diplomático ha sido embajador de España ante la OTAN y en Estados Unidos.
Fue diputado en el Congreso por Cuenca desde 1979 hasta 1982 por el Grupo Centrista y en la etapa 1986-89 por el de la Coalición Popular. Su permanencia en la Cámara Alta continuaría varias legislaturas más, pero ya como representante de Madrid y Ciudad Real. Fue el candidato de facto del centroderecha en las primeras elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, que ganaría José Bono, y también parlamentario en las Cortes regionales por la provincia conquense de 1983 a 1986, cuando fue designado senador por la comunidad autónoma.
También tiene vínculos con las tierras de Cuenca Alfredo Timermans (1961) que emparenta por vía materna con la saga política y gestora conquense de los Mombiedro. Fue secretario de Estado de Comunicación (2002-2004) con José María Aznar en el Gobierno y previamente subdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Miembro del patronato de la Fundación FAES, está considerado como muy próximo al exvicepresidente. Tras dejar la política desarrolló su labor profesional en Telefónica, donde ejerció destacadas responsabilidades que le llevaron a América del Norte. En febrero de 2020 fue nombrado director de gabinete de Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso cuyo cese se ha anunciado esta misma semana.
Catalá, Zapatero, Serrano, Timmemermans y Rupérez. Nombres que se suman en este escrito colectivo de apoyo al monarca a otros que han copado los titulares de la prensa nacional como los del exvicepresidente socialista Alfonso Guerra, la expresidenta de la Comunidad de Madrid y ministra popular Esperanza Aguirre o la exalcaldesa sevillana, ministra y otrora Defensora del Pueblo Soledad Becerril (UCD y PP). Una aportación a un debate sobre el modelo de estado o el papel de la morquía que ha convulsionado la estival vida política de este atípico 2020.
TEXTO ÍNTEGRO DE LA DECLARACIÓN
Las numerosas informaciones que aparecen estos días sobre determinadas actividades del rey Juan Carlos I han excitado una proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia. Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales de justicia. Pero nunca se podrá borrar la labor del rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la Nación, so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española. Esta es la razón por la que queremos hacer pública la siguiente declaración.
El largo reinado de Juan Carlos I (1975-2014) ha constituido la etapa histórica más fructífera que ha conocido España desde, al menos, el comienzo del siglo XIX.
Heredero de los poderes autoritarios de la dictadura del general Franco, el Rey Juan Carlos I hizo saber al poco de acceder al trono su voluntad explícita de renunciar a los mismos para propiciar la organización institucional española de acuerdo con el modelo de las democracias occidentales. Don Juan Carlos se comprometió a ser el Rey de todos los españoles y pronto se consiguió una España sin exiliados y la superación de las cuestiones que nos habían enfrentado en la historia reciente. La aprobación por referéndum de la Constitución de 1978, después de unas elecciones libres a las que concurrieron todos los partidos políticos, propició la reconciliación entre los españoles y un gran acuerdo nacional, que cumplió con la voluntad del Rey de que España fuera un país europeo e iberoamericano, conforme a su vocación histórica, y una democracia occidental avanzada, donde todos cupieran, abierta al pluralismo representativo y a la alternancia política.
La bien llamada Transición española a la democracia constituyó un poderoso reforzamiento de la autoestima nacional y al tiempo un modelo admirado e imitado internacionalmente. Juan Carlos I desempeñó en este proceso un papel determinante e imprescindible. Fue y sigue siendo cierto el haberle calificado como “motor del cambio”.
La Constitución española establece que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”; y define al Rey como el jefe del Estado, “símbolo de su unidad y permanencia”, que “arbitra y regula el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”. A lo largo de sus años de reinado y en desempeño de sus funciones constitucionales Juan Carlos I ha sido invariablemente fiel a sus propósitos democratizadores y a las responsabilidades derivadas del marco institucional, como ocurrió en el 23-F. Ha sabido desenvolverse con permanente atención y cuidado al progreso político, cultural, económico y social del país y de sus ciudadanos, a su rica diversidad, configurada en el Estado de las Autonomías, al prestigio internacional de la comunidad española y a la pacífica y armónica integración de los españoles en sus diversas opiniones, orígenes y creencias.
Bajo Juan Carlos I la institución monárquica, como pocas veces antes en la vida española, ha llegado a desempeñar un papel central e indispensable en la articulación arbitral de los procesos políticos nacionales y consiguientemente ha quedado transformada en una parte básica del funcionamiento de la democracia constitucional española. Buena prueba de ello fue la popularidad que Juan Carlos I alcanzó durante su reinado y la muy amplia aceptación que la Monarquía suscitó en el pueblo español. La Monarquía había llegado a ser, tal como la Constitución preconizaba, una forma de gobierno adecuada a las necesidades y preferencias del pueblo español, útil por su capacidad moderadora y su comportamiento neutral. El Rey actual, Felipe VI, es una viva demostración de tales calidades, que en sustancia recogen lo mejor y mas perdurable del legado de su padre, el Rey Juan Carlos I.
Desde esa óptica, fundamental para comprender el pasado inmediato de la vida española y las posibilidades de su mejor futuro, la defensa del legado del Rey Juan Carlos I no puede equipararse a la protección de un determinado sistema de gobierno sino que debe situarse en el significado global de la Constitución de 1978, sus potencialidades presentes y por venir y la misma pervivencia de España como democracia occidental avanzada. Monarquía parlamentaria, Juan Carlos I y Constitución de 1978 forman un conjunto inseparable de realidades para todos aquellos que hace 45 años, y ahora mismo, aspiran a la continuación y el perfeccionamiento de una España en libertad, en justicia y en solidaridad, capaz de ocupar en el mundo el lugar que sus ciudadanos necesitan y merecen y reconocida por propios y extraños como uno de los elementos fundamentales en la sociedad internacional de las naciones democráticas, prósperas y libres.
Los firmantes de este escrito, que en su momento tuvieron la ocasión y el honor de servir a España en responsabilidades diversas y bajo gobiernos de diferentes orientaciones políticas pero confirmados para ello por la firma del rey Juan Carlos I o que, al ejercer funciones en representación del pueblo español prometieron o juraron guardar la Constitución, quieren hacer llegar estas consideraciones a los ciudadanos españoles de todo origen, ideología o condición, así como a entidades públicas y privadas, responsables sociales y económicos, autoridades educativas y culturales, y por supuesto a partidos y organizaciones políticas que tienen el respeto a la Constitución como su enseña básica, para que actúen en consecuencia y defiendan por todos los medios democráticos a su alcance la integridad política y territorial de la Nación y el buen nombre de las personas e instituciones que han hecho posible estos últimos y satisfactorios cuarenta años de historia común. Porque de ello en gran medida depende la misma calidad de nuestro futuro.
Agosto 2020
