Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto con la colaboración de la Policía Local de Cuenca, han detenido a dos varones y una mujer, de 27, 20 y 26 años de edad respectivamente, como presuntos autores de varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, usurpación de estado civil y contra la seguridad vial.
El inicio de la investigación se remonta al pasado mes de enero, cuando los investigadores detectaron a un ciudadano extranjero que carecía de permiso de trabajo y residencia en España, pero conducía de manera habitual una furgoneta de una empresa de construcción. Además, los agentes comprobaron que era uno de los responsables de la empresa, repartía las tareas a los trabajadores y se encargaba de su traslado a los diferentes centros de trabajo,a pesar de que carecía de permiso de conducir.
La actividad de esta empresa se extendía tanto a la capital conquense como a varios municipios de la provincia, motivo por el que se coordinó una investigación entre la Policía Naiconal y la Guardia Civil. Ambos cuerpos estaban sobre la pista de este varón, iniciándose una investigación conjunta que en algunos momentos puntuales también contó con la colaboración de la Policía Local de Cuenca.
Fruto de la acción investigadora se pudo determinar que la pareja del principal sospechoso era la responsable legal de esta empresa de construcción, que además llevaba a cabo una importante actividad en el sector.
Por este motivo, se hicieron varias inspecciones conjuntas entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, comprobando que la empresa investigada llevaba a cabo su actividad laboral utilizando a cuatro trabajadores extranjeros en situación irregular, sin permiso de trabajo ni residencia en España, a los que privaban de los derechos reconocidos por la legislación laboral.
A su vez, también se identificó a un trabajador que carecía de permiso de residencia y trabajo, pero que utilizaba la documentación de un ciudadano español para trabajar y así eludir las posibles actuaciones inspectoras de la autoridad laboral.
Tras recabar los indicios necesarios, se procedió a la detención de las personas investigadas, remitiendolas actuaciones a la autoridad judicial competente.
