CCOO insta a intervenir las contratas de transporte sanitario

Afirma que ni las empresas adjudicatarias ni el Sescam están facilitando a los trabajadores suficiente y adecuado material de protección

CCOO-FSC CLM insta al Sescam a intervenir las contratas del transporte sanitario y garantizar la viabilidad del servicio, «que las contratas adjudicatarias están poniendo en riesgo al obligar a las plantillas a realizar sin los EPIs preceptivos el traslado de enfermos de Covid-19, posibles, probables y confirmados», según sostiene el comunicado en nota de prensa.

Desde el inicio de la pandemia, todos los protocolos, procedimientos y documentos técnicos emitidos por el Ministerio de Sanidad establecen que el personal que presta el servicio del Transporte Sanitario debe hacerlo provisto de mascarillas FFP2, mascarillas quirúrgicas (para proteger las vías respiratorias), gafas protectoras, guantes y traje corporal de protección Categoría III (Tipo Buzo).

«Sin embargo, en CLM no hay ninguna provincia donde las contratas adjudicatarias del servicio estén proveyendo de estos elementos a sus trabajadores, que se los tienen que buscar por su cuenta; reutilizar mucho más allá de lo establecido en las prescripciones técnicas; compartir con los trabajadores de los turnos sucesivos…», advierte el sindicato a la Administración.

Tampoco el titular del servicio, el Sescam, se está ocupando de garantizar la necesaria dotación de EPIs, según Comisiones Obreras que revela que «la última vez que entregó material a las plantillas del transporte sanitario -una bata por trabajador- fue el 21 de marzo».

Los sindicatos están denunciando los hechos a la Inspección de Trabajo y los juzgados de lo Social; «pero las empresas hacen caso omiso o se limitan a aparentar el cumplimiento de las resoluciones».

CCOO-FSC ha abierto ahora una nueva vía; su secretario general en Ciudad Real ha denunciado ante la Fiscalía a la contrata SSG por un presunto delito contra el art. 316 del Código Penal, castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.