El concejal de Urbanismo, Mantenimiento Urbano y Movilidad, Adrián Martínez Vicente, ha comparecido este lunes ante el Pleno a petición de Cuenca en Marcha para dar cuenta de su gestión en las diferentes áreas de su responsabilidad.
El transporte público ha sido el tema que más tiempo ha ocupado en un debate centrado en la puesta de marcha de las lanzaderas, de los autobuses eléctricos y de las deficiencias que vienen arrastrando los autobuses urbanos. Tanto Pablo García por Cuenca en Marcha como Juan Guadalajara por el PP han sacado a la luz una posible deuda del Ayuntamiento de Cuenca con la empresa adjudicataria LUC que podría estar condicionando el servicio. Martínez Vicente ha reconocido que «la empresa de autobuses nos reclama 800.00 euros, otra cosa es que los reconozcamos». En cualquier caso, el edil no se ha referido a esta cantidad como deuda sino que la ha denominado como «reequilibrio».
El edil de Movilidad ha iniciado su intervención reconociendo que «el transporte público no ha estado funcionando correctamente» y a pesar de la insistencia de la oposición para que aportase una fecha para la entrada en servicios de las lanzaderas a la estación del AVE, ha manifestado que «no voy a dar una fecha concreta para los lanzaderas porque no depende de mí, tenemos que esperar que la parte jurídica emita su informe». En cuanto a los autobuses eléctricos cuya entrada en funcinamiento se anunció hace meses y que ha sufrido continuos retrasos ha asegurado que «en todo momento he transmitido las explicaciones que me ha dado la empresa, «actualmente me dicen matriculándolos para ponerlos en marcha».
Estas mismas fuentes han resaltado que «el Ayuntamiento no está incumpliendo nada porque la obligación del Ayuntamiento en este caso, respecto al contrato, es ir haciendo los pagos correspondientes de las mensualidades que le corresponde y la obligatoriedad de la empresa es cumplir el contrato en el que se establece que tiene que renovar la flota, hacer la prestación del servicio, comunicar si hay alguna avería, poner los medios suficientes para si se produce esa avería y sustituir los vehículos. De ahí digo que el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es fiscalizar a esa empresa en el cumplimiento del contrato. Y es en lo que vamos a estar trabajando también de forma dialogante con ellos».
Explicaciones insuficientes para la oposición
El concejal del PP, Juan Guadalajara, ha preguntado directamente al responsable de Movilidad «¿Cuál es el problema para que las lanzaderas no se pongan en marcha? Parece un pulso por cobrar una deuda que tienen pendiente y ¿por qué no se sanciona a la empresa si incumple el contrato?. Algo no nos quiere contrar». En este sentido, ha apuntado que «asegura que no es deuda sino que es reequilibrio pero es la empresa la que lo denomina deuda en un escrito que les han presentado y sus aclaraciones no nos permiten ver una solución».
Pablo García, concejal de Cuenca en Marcha, ha lamentado la situación de un transporte público que «recibe críticas día a día porque los autobuses no llegan, hay retrasos, averías…incluso la Línea 2 estuvo dos semanas sin dar servicio este verano. Y con broncas para el conductor que es el primero con quien se encuentran. ¿Por qué aguantamos día a día esta falta de compromiso de la empresa?». Ante este panorama, ha planteado la necesidad de «municipalizar el servicio y crear una Empresa Municipal de Transporte renovando líneas, adaptándola a las necesidades de la ciudad con las propuestas que nos puede hacer llegar la plantilla».
Por su parte, Rafael Rodríguez, portavoz de Vox, ha solicitado aclaraciones sobre la puesta en servicio de lanzaderas y autobuses eléctricos tras las que ha indicado que «sus explicaciones nos dejan dudas» . De hecho, tras escuchar a Martínez Vicente ha asegurado que «lo que queda por hacer ya nos lo ha repetio varias veces» y ha expresado su preocupación por la posible «pérdida de subvenciones».
La oposición también ha cuestionado la labor del concejal del equipo de gobierno en materias como la gestión del Plan de Ordenación Municipal (POM), con varios años transcurrido desde el inicio de su renovación; casos puntuales como el edificio en ruinas de la calle Tintes o la falta de agilidad en la tramitación de expedientes urbanísticos.
