La Junta de Comunidades ha modificado su normativa contra la COVID-19 en centros, servicios y establecimientos de servicios sociales y sociosanitarios de Castilla-La Mancha, como las residencias de mayores. El Diario Oficial publica este miércoles un cambio en la resolución de la Consejerías de Bienestar Social y de Sanidad por la que desaparece la obligatoriedad de permanecer en un único domicilio para aquellos residentes que salgan de sus centros.
Así, con la nueva redacción, se establece que aquellos mayores que quieran salir de sus residencias no deben presentar clínica sospechosa de COVID-19 en el momento de la salida y que «deben permanecer en un ámbito estable», pero ahora no especifica como obligatorio que ese «ámbito estable» sea un único hogar.
El resto del texto sigue igual. Se mantiene la necesidad de que en el entorno en el que vayan a residir no deben existir personas que requieran aislamiento por ser caso confirmado con infección activa o caso sospechoso o personas que sean contacto estrecho y estén en situación de cuarentena.
También el deber de extremar las medidas de higiene y seguridad y reducir el contacto social a lo imprescindible, aunque no se concreta qué se considera imprescindible.
Se recuerda asimismo que se exceptúan del cumplimiento de las anteriores condiciones aquellos casos en que se trate de salidas puntuales para asistir a consultas médicas u otros asuntos considerados de fuerza mayor «a las que podrán acudir acompañados de un familiar o persona allegada, y aquellas salidas que puedan llevarse a cabo durante el tiempo de las visitas o tiempo equivalente.”
El Gobierno regional ha aplicado estos cambios tras un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que no ratificaba la obligatoriedad de permanecer en único domicilio. Entiende el órgano judicial que la norma constituía una restricción del derecho fundamental de libre circulación y residencia, y que tenía un carácter genérico y no individualizado, dirigido a personas que no tienen la enfermedad.
