Recomendaciones para canalizar la ayuda a los refugiados ucranianos

Los firmantes del manifiesto de la FEMP quieren "agradecer la red de solidaridad que desde particulares, entidades e instituciones ha surgido en relación a esta emergencia"

El Ayuntamiento de Cuenca se ha adherido al manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias relativo a canalizar de forma adecuada y efectiva la ayuda a la población refugiada de Ucrania. Un documento que también suscriben el Gobierno de Castilla-La Mancha, Diputaciones provinciales, principales entidades de acogida de población ucraniana y entidades de referencia en intervención humanitaria.

En el texto se indica que «la solidaridad es, sin duda, una de las características más relevantes de Castilla-La Mancha, algo que nos engrandece como región. Pero es primordial, ante este tipo de situaciones, la prudencia y hacerlo todo de la manera más efectiva para poder alcanzar al objetivo».

En primer lugar, los firmantes quieren «agradecer la red de solidaridad que desde particulares, entidades e instituciones ha surgido en relación a esta emergencia».
 
Recomiendan encarecidamente en este momento «evitar las donaciones de materiales en especie que pueden ocasionar perjuicios e impactos negativos en el ámbito social, económico y medioambiental, y cuya gestión dificulta el trabajo especializado de las entidades humanitarias, así como la distribución de ayuda con todas las garantías de seguridad que las víctimas de la guerra requieren y merecen».
 
Asimismo, recomiendan «evitar los desplazamientos a título particular a la zona fronteriza al conflicto para la recogida de personas desplazadas sin la coordinación imprescindible con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, garante principal del acceso a servicios y ejercicio de derechos de la comunidad refugiada en España».
 
Recuerdan también que «la acogida temporal, la tutela y adopción de menores no acompañados está regulada por los servicios del menor de la Junta de Castilla-La Mancha, que velan por la protección de los y las menores, por el cumplimiento de las normas jurídicas de su país de origen y por el cumplimiento de las Leyes en nuestra Comunidad Autónoma, y que cualquier interés particular por la acogida temporal de menores debe realizarse a través de este sistema para no incurrir en potenciales irregularidades y vulnerabilidades».
 
Además, subrayan que «que este impulso solidario de la ciudadanía, entidades bancarias, sociales, empresariales y administraciones públicas de todo nivel, sea canalizado a través de ayudas económicas a entidades humanitarias acreditadas y solventes, a la Agencia Española de Cooperación Internacional a través de su Oficina de Acción Humanitaria; y a aquellas organizaciones no gubernamentales con experiencia acreditada que trabajan en nuestra región dentro del Sistema Nacional de Acogida incluyendo o facilitando, la cesión, donación temporal o alquiler a bajo coste de viviendas que permitan garantizar el bienestar y promover la dignidad de las personas acogidas».
 
Por último, solicitan a los medios de comunicación «la proporción en la difusión del conflicto, así como una reflexión a dimensionar adecuadamente la exposición de iniciativas particulares que podrían suponer a corto y medio plazo un perjuicio para la población abordada, y en especial, aquellos casos en los que se encuentran involucrados menores, acompañados o no, evitando todo lo posible la difusión pública de su imagen, su ubicación temporal y otros detalles que puedan poner en peligro su integridad física o emocional, su salvaguarda y seguridad».