El Proyecto de Presupuestos de la Junta de Castilla-La Mancha para 2025 ha iniciado este martes su recorrido parlamentario, tras el registro en la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha y la entrega de una copia del borrador por parte del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, al presidente de la Cámara Autonómica, Pablo Bellido.
Este acto simbólico en el Despacho de Presidencia del Convento de San Gil de Toledo ha dado el banderazo de salida a la tramitación parlamentaria de las cuentas para el próximo año, que ascienden en esta ocasión a 12.716,2 millones de euros, después de que el propio consejero haya comparecido ante los medios de comunicación en el Palacio de Fuensalida, sede gubernamental, para dar a conocer el detalle del proyecto.
A partir de ahora, la calificación en la Mesa dará vía libre a los siguientes pasos, entre ellos la apertura de un plazo para enmiendas por parte de los grupos y la comparecencia del Consejo de Gobierno en comisión, con vistas a la aprobación de las cuentas para su entrada en vigor a tiempo con el inicio del próximo año.
El Gobierno autonómico ha destacado en nota de prensa que estos presupuestos suponen una variación del 1,9 por ciento con respecto al año anterior.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado este martes en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, y en la que, acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, ha presentado el proyecto.
Un Presupuesto que, según ha indicado Ruiz Molina, se ha elaborado “en un escenario económico regional muy positivo”, debido, en gran parte, a “la estabilidad política, a la certidumbre y al clima de normalidad existente en la Comunidad Autónoma, que la hace más atractiva para la inversión”.
En esta ocasión, el Presupuesto para 2025, en palabras de Ruiz Molina, viene marcado por dos factores: el primero es que el proyecto recoge una bajada sustancial en los ingresos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), un aspecto que el propio consejero ha querido poner en valor, “ya que es consecuencia del alto grado de ejecución que se ha tenido de estos fondos, que ha situado a la Comunidad Autónoma entre la segunda y tercera en ejecución”; y un segundo factor «es el hecho relevante de que se trata de los décimos presupuestos del Gobierno de García-Page».
Un aspecto que ha permitido analizar el crecimiento de las diferentes partidas, no sólo en términos anuales, sino desde 2015, para destacar «el esfuerzo que se ha hecho en esta década», con el objetivo de recuperar la sociedad de los ajustes anteriores y que ha supuesto un incremento de 4.500 millones de euros. Así, «cuando finalice la ejecución de este presupuesto habremos gestionado, en los últimos diez años, un total de 110.000 millones, que habremos devuelto a la ciudadanía en forma infraestructuras, prestaciones y servicios públicos”.
Un hilo conductor al que se ha referido el consejero, que «es también el que ha inspirado la distribución de los recursos y con el que el Gobierno pretende incentivar la actividad económica que genera riqueza y empleo, para reforzar el Estado del Bienestar y proteger a las familias y a los más vulnerables, promover la transición ecológica y acelerar la transformación digital y continuar haciendo frente al reto de la despoblación».
En relación con el gasto social, se van a destinar 7.125 millones de euros, 2.625 millones más que lo presupuestado en 2015 para financiar los servicios públicos que sustentan el Estado del Bienestar, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. «Es decir, el 72 por ciento del gasto no financiero se destinará a fortalecer el sistema del bienestar y la protección social que se ha dotado a Castilla-La Mancha».
Añade que «de esta manera, siete de cada diez euros tienen como destino los servicios fundamentales, para aumentar los profesionales sanitarios y docentes; invertir en equipamiento e infraestructuras y avanzar en innovación y digitalización. Esto va a permitir consolidar la modernización del sistema de salud de la región, mejorar la calidad y la excelencia educativa y fortalecer la atención a los colectivos más vulnerables».
Dentro de este importante volumen de recursos, y como ha adelantado el consejero, la de sanidad sigue siendo la partida de gasto más alta, con cerca de 3.800 millones de euros, «con un crecimiento del 58 por ciento desde 2015, lo que va a permitir aumentar el número de profesionales sanitarios, teniendo en cuenta el anuncio de la convocatoria de 5.200 plazas para 2025, con la que el sistema de salud regional se configura como uno de los más atractivos». Este montante presupuestario permitirá también «proseguir con el plan de infraestructuras sanitarias proyectadas, reforzar la atención primaria, fundamentalmente en la zonas rurales; y potenciar la capacidad resolutiva en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, apostando por la tecnología más puntera».
En el área de Educación, Cultura y Deportes se van a destinar 2.380 millones de euros, un cinco por ciento más que en el presupuesto de 2024, excluyendo los fondos MRR, y un incremento con respecto a 2015 de más de un 60 por ciento. Esta área permitirá poner en marcha el transporte de bachillerato y la consolidación de las aulas digitales en las zonas despobladas, consolidar el banco de libros, extender la gratuidad progresiva de la educación en 2-3 años, incorporar nuevo profesorado que facilite la bajada de ratios en todos los cursos de educación infantil y bachillerato y cumplir con los contratos programas de las dos universidades públicas que operan en la región.
El área de servicios sociales dispondrá de 963 millones de euros, un 53 por ciento más que en 2015, lo que se traduce en términos absolutos en 335 millones adicionales. Un presupuesto con el que se pretende afianzar la red de recursos asistenciales a personas mayores y con discapacidad, con más residencias, centros de día y viviendas; incorporar 5.000 nuevos usuarios al servicio de teleasistencia e incrementar un 20 por ciento la financiación en atención temprana.
En relación con las políticas de gasto dirigidas a incentivar el crecimiento y el empleo desde una visión de la sostenibilidad, Ruiz Molina ha detallado que se destinarán más de 3.000 millones de euros, 1.200 millones más que en 2015, un 64 por ciento.
Esta cuantía irá encaminada a impulsar el empleo en la región, con 336 millones de euros; a la modernización del tejido productivo y empresarial, con 1.500 millones; al incentivo de la transición ecológica, con algo más de 400 millones; a la modernización de la tecnología de los servicios públicos, entre otros, a través de la nueva Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, con 203 millones; al fortalecimiento del sector primario, excluyendo la PAC, con 434 millones; y duplicando la inversión en vivienda y transporte, con 419 millones de euros entre ambas áreas.
Por su parte, las operaciones de capital, es decir, las inversiones que se destinan a favorecer la actividad productiva y de ampliación de infraestructuras en el ámbito de los servicios públicos, cuentan con 1.459 millones de euros, duplicando su cuantía en los últimos diez años.
El consejero ha indicado que este volumen de recursos va a permitir incidir en la modernización del tejido empresarial, la transición ecológica y la transformación digital e I+D; continuar invirtiendo en infraestructuras dirigidas a la mejora de la calidad de los servicios públicos y a continuar con el desarrollo de infraestructuras básicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y contribuyan a mejorar la competitividad empresarial.
Durante su exposición, el consejero se ha detenido en el apartado dedicado al reto demográfico y ha especificado que la Estrategia Regional frente a la Despoblación va a disponer de 2.037 millones, un seis por ciento más que la dotación prevista en el presupuesto del presente ejercicio, distribuidas en cuatro ámbitos: servicios públicos, con 857 millones; en el ámbito económico, con 843; el social, con 200; y finalmente, el ámbito territorial, con 135 millones.
En este mismo contexto, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha resaltado que el presupuesto que hoy se ha presentado, se ha elaborado desde la “máxima ortodoxia financiera, primando la responsabilidad fiscal y la prudencia en cuanto a las previsiones, haciendo compatible la congelación de la presión fiscal, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la contención de nuestra apelación al endeudamiento”.
En ese sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el peso de la deuda pública en relación con su Producto Interior Bruto desde el año 2015, según los datos que ha publicado el Banco de España correspondientes al segundo trimestre de 2024, con la estimación para 2025 de una reducción de la ratio hasta llegar al 29,7 por ciento.
Ingresos y sistema de financiación autonómica
En cuanto a los ingresos no financieros, el responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que, el 68 por ciento de estos, es decir, 7.257 millones provienen del Sistema de Financiación autonómica.
A tenor de estos datos, el consejero ha sido claro y ha reiterado la petición que desde el Ejecutivo autonómico se ha hecho en muchas ocasiones, que es la de “reclamar una reforma urgente del actual modelo, que garantice a todas las autonomías la misma financiación por habitante ajustado a fin de garantizar el acceso a los servicios públicos de todos, independientemente de su capacidad fiscal”.
Y ha rechazado de manera categórica la propuesta del concierto catalán, al ser “injusto y egoísta”, ya que sólo busca privilegios fiscales para Cataluña a expensas de las demás regiones y supone un grave atentado al principio de igualdad”. Por eso, ha reiterado, que es necesario que “el nuevo modelo se acuerde de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, nunca de manera bilateral a través de nuevos conciertos económicos que rompen el principio de igualdad que debe imperar en las relaciones”.
Se trata, por tanto, de un presupuesto que se ha diseñado con el “máximo rigor y prudencia”, para hacer compatible la congelación de la presión fiscal, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la contención de la apelación al endeudamiento, con los principales objetivos que marcarán la gestión en 2025 y que se centran principalmente en favorecer el desarrollo económico, generando empleo y riqueza que se distribuya de manera justa y solidaria, para, como ha concluido Juan Alfonso Ruiz Molina, “mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, haciendo partícipes a todos de la riqueza que entre todos somos capaces de generar”.
