El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado esta mañana un “combate decidido, programado, sistematizado” contra la ocupación ilegal de viviendas y las “enormes mafias” que lo sustentan. En estos términos se ha referido a la aprobación, este martes en las Cortes regionales, de un Proyecto de Ley para luchar contra este fenómeno. El objetivo, ha señalado García-Page, es articular más medios para “actuar con más determinación y mayor precisión” frente a una situación que se produce de forma “masiva en algunas zonas y algunas poblaciones”, ha apostillado.
Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico, en la localidad de Chillarón de Cuenca (Cuenca), en el transcurso de la inauguración del Centro Deportivo de Espeleología y montaña levantado en un antiguo silo para almacenamiento de cereal que, de esta manera, convierte al municipio en referente nacional en el ámbito de estas disciplinas, así como en polo de atracción turística para visitantes interesados en este tipo de prácticas deportivas.
En este contexto, el presidente regional ha detallado que “vamos a pedir, en esa legislación, que se arbitren medios específicos” en la Fiscalía General del Estado para luchar contra la ocupación ilegal. Asimismo, García-Page ha anunciado que el texto planteará “que se modifique la normativa en torno a los empadronamientos” a fin de proteger a los ayuntamientos ante estas irregularidades.
A este respecto, el presidente autonómico ha considerado que “sí se pueden mejorar las leyes a nivel nacional” y ha señalado que “vamos a hacer una propuesta en un ánimo de lealtad constitucional y con la mejor voluntad de intentar contribuir a un debate que tiene que acabar, en España, con una normativa y una acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad determinada y programada”, ha insistido.
En este marco, García-Page ha concretado algunas claves de esa Proposición de Ley en la que se planteará “más dureza en el Código Penal, más ayudas en el ámbito social, más programación y colaboración institucional entre administraciones” y, al mismo tiempo, “mayor rapidez en trámites judiciales, juicios muy rápidos”, ha añadido. Asimismo, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha incluido la “obligación, también, de grandes propietarios, de entidades que tienen muchas casas no estén de brazos cruzados y ejerzan la opción de denuncia”, ha señalado.
