La organización agraria La Unión de Uniones rechaza las postura del Gobeirno regional en el que destaca que «la ley de agricultura familiar quedaría justificada por ayudar al joven a la adquisición de tierras. Opone que «el gobierno socialista de la región devuelve a Europa 700 millones de euros en ayudas a la agricultura y ganadería castellanomanchegas y destina otros 500 millones de euros a una empresa. Dichos importes podrían utilizarse para destinar ayudas a jóvenes agricultores o proyectos en curso».
La devolución de dicho importe ha supuesto un recorte de un 30% del presupuesto europeo para el desarrollo rural en Castilla-La Mancha.
Según declaraciones de la Unión de agricultores y ganaderos “con descaro y desvergüenza doña Joaquina Saiz trata de defender la ley aprobada por el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha que le faculta para la incautación de las tierras de los agricultores. De forma mezquina y ruin justifica su aprobación por la necesidad de los jóvenes que quieren incorporarse a la agricultura para obtener tierra suficiente. Cuando sabe de sobra que su gobierno devuelve 700 millones de euros del programa de Desarrollo rural que no se han gastado en los agricultores y ganaderos. Que además desvía otros 500 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural al sostenimiento de GEACAM, a la que por motivos desconocidos decide el gobierno de García-Page financiar a costa del sector agropecuario”.
Desde la Unión de Uniones consideran que el acceso a la tierra no está limitado porque los propietarios decidan no arrendarla a los jóvenes, lo que ocurre es que los jóvenes no pueden pagar una renta mínimamente decente. «¿Por qué? Sencillo, mientras en otras regiones la convocatoria de la incorporación de jóvenes tiene carácter anual, en Castilla-La Mancha lo tiene esporádico, hasta el punto de que en los últimos ocho años solo se ha convocado tres veces. Mientras que en esas mismas regiones la ayuda a incorporación supone una cuantía de 90.000 euros, en la región que gobierna el señor García-Page se reducen a unos exiguos 27.000 euros. Otros subvencionan hasta un 90% de la inversión y en Castilla La Mancha el máximo es un 65%, etc».
Añade que «el gobierno socialista de la región decide no subvencionar la incorporación con ganadería, al tiempo que obliga a qué todo el material que se adquiera sea nuevo». A su juicio, «si se limita la incorporación de los ganaderos y se obliga a comprar maquinaria nueva, que se encuentra a precios prohibitivos, se restringe el acceso al sector agropecuario».
Después de la ya dificultosa incorporación, «el joven se encuentra con un sector en el que el precio de los productos que él vende es ruinoso, mientras que los insumos que necesita están a unos precios astronómicos».
Además, ese mismo joven, verá que «ya no se convoca la ayuda a las zonas desfavorecidas, que los planes de mejora también tienen un carácter esporádico, que ayudas tales como como la que existía, la de razas en peligro de extinción rara vez se convocan, o salen con una partida tan reducida que al final no llega el dinero a nadie. Otras partidas como las destinadas a la apicultura, sector destacado en la región, cultivos como el azafrán, tratado con desprecio por la administración regional o la convocatoria de ayudas FOCAL que también tienen un carácter insuficiente, hacen que los ánimos para iniciar la actividad en el sector se enfríen».
Más gravedad tiene aún la situación, desde su punto de vista, «cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una PAC en la que se obliga a dejar amplias zonas sin cultivar o que si se cultiva se debe dejar sin recolectar la producción para que se lo coma la fauna salvaje. Lo que hace aún más difícil de entender que se expropien tierras por no cumplir la función social, que nadie sabe qué es, cuando al mismo tiempo se obliga a sus propietarios a dejarlas en semi-abandono. Una PAC que penaliza la producción, una reglamentación de fitosanitarios que impide competir al agricultor con las producciones de países terceros, unos condicionantes ambientales como las de las zonas ZEPA que dificultan las labores agrícolas y ganaderas».
Añaden a eso las restricciones de la Consejería de Desarrollo Sostenible «que impiden el uso de las cosechadoras y maquinaria agrícola durante las épocas de la siega». Con todo esto, «el gobierno de Emiliano García-Page crea unas condiciones artificiales que merman la libertad de acción de agricultores y ganaderos y después las quiere aprovechar para robar la tierra a sus propietarios».
«Con un consejero de Agricultura cuya actividad se reduce únicamente a la inauguración de obras en cooperativas u otro tipo de industrias y no a dirigir la Consejería de Agricultura como sería su deber, el Partido Socialista de Castilla-La Mancha no puede cargar la culpa de la mala situación del sector agropecuario sobre los hombros de los propietarios de la tierra», concluyen.
