La Ley del Juego de Castilla-La Mancha ha salido adelante este jueves con apoyo de PSOE y Ciudadanos y la abstención de PP. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que el proyecto de Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha “nos sitúa a la vanguardia de España en esta materia y permitirá equilibrar esta actividad con la protección de la población más vulnerable”.
Durante el Pleno de las Cortes regionales, Ruiz Molina ha asegurado que esta norma «trata de potenciar más las medidas de control en la práctica del juego y de superar así su naturaleza de mera actividad económica para poner el foco en sus repercusiones sociales y ha recordado que su aprobación es un compromiso que adquirió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con la ciudadanía».
Ruiz Molina ha asegurado que «es la ley más protectora para los sectores de población más sensibles, como los menores o quienes padecen algún tipo de ludopatía; la más preventiva, ya que establece medidas contundentes para fomentar el juego responsable; la más exigente en el ámbito de la publicidad, pues impone condiciones muy restrictivas; la más rigurosa en materia sancionadora, especialmente con las infracciones más graves; y la más progresiva desde el punto de vista tributario».
El consejero ha señalado que “marcará un antes y un después en la regulación del sector del juego en Castilla-La Mancha” y que supone “un verdadero punto de inflexión en este ámbito normativo”, ya que subsana lo que ha definido como “anomalías de la actual legislación autonómica, aprobada en 2013”, que ha facilitado la proliferación de este tipo de establecimientos en la región los cuales, ha apuntado, se han multiplicado por cuatro en siete años, pasando de 51 en 2013 a 200 en 2020.
Estas cifras constatan “un elevado número de locales que nos sitúa como una de las comunidades autónomas con mayor densidad de establecimientos de juego por cada 100.000 habitantes”, ha continuado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, quien ha precisado que “si en España la densidad media es de ocho por cada 100.000 habitantes, en Castilla La Mancha es de nueve”, por lo que “estamos por encima de la media”.
Importantes novedades
Ruiz Molina ha hecho hincapié en que esta ley contiene “importantes novedades”. Entre ellas, ha explicado que «se introduce por primera vez en la normativa regional un conjunto de principios rectores sobre los que se sustentarán las políticas públicas de esta Administración en esta materia, que pasan por la prevención de perjuicios a terceras personas, transparencia en el desarrollo de las distintas modalidades de juego y el fomento de la seguridad jurídica y del empleo estable y de calidad en el sector».
También potencia ampliamente las políticas de juego responsable, para lo cual «se establece la creación del Observatorio de Juego Responsable, con el fin de proponer todas políticas públicas encaminadas hacia las buenas prácticas. Asimismo, se fija un régimen de publicidad más restrictivo, prohibiéndola en general, con unas excepciones muy tasadas, como la realizada en el interior de los propios locales, aquélla que se inserta en publicaciones específicas dirigidas al sector o el patrocinio».
Otra de las novedades tiene que ver con la ubicación de los establecimientos, una medida que ha sido motivo de debate en la comisión de Economía y Presupuestos y en cuya redacción los tres grupos parlamentarios han alcanzado un consenso “para precisar aún más la redacción recogida en el proyecto de ley”, ha matizado Ruiz Molina.
En este sentido, se establece un doble requisito, ya que no podrá haber una distancia inferior de 150 metros entre locales autorizados para evitar una excesiva concentración, a la vez que deberán guardar una distancia mínima de 300 metros respecto a los accesos principales a los centros oficiales de enseñanza reglada dirigida a menores de edad, salvo aquéllos donde se imparta exclusivamente educación infantil o primaria.
No obstante, la limitación en cuanto a las distancias no afecta a los establecimientos que ya están autorizados, pero sí cuando vayan a solicitar la renovación. En este sentido, se establece un régimen transitorio, fundamentalmente para los locales cuya fecha de renovación está más próxima. Pero, en cualquier caso, el 31 de diciembre de 2028 se han de cumplir los requisitos de ubicación de todos los que estén en funcionamiento en la región. Una medida que no afectará ni a bingos ni a casinos.
Además, se posibilita a los municipios, previa comunicación a la Consejería competente en la materia, a declarar un área de su término municipal como zona saturada de locales de juego. Igualmente, se refuerza el control de acceso a los establecimientos, de forma que cada una de las entradas de las que disponga el local cuente con un sistema automatizado destinado a impedir el paso de aquellas personas que lo tengan prohibido.
También se hace una importante revisión de todo el régimen sancionador para incluir nuevas conductas muy graves que no estaban tipificadas expresamente en la actual ley, tales como no realizar el control de acceso de menores de edad y autoprohibidos o incumplir el horario de funcionamiento; al tiempo que se incrementa el importe de las sanciones; y se incluye un régimen tributario más justo, con una adecuación de los tipos impositivos a la media del resto de comunidades autónomas.
Intensa actividad legislativa
El consejero ha agradecido la labor desarrollada por los técnicos de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego para conformar “un texto legislativo tan complejo, tanto técnica como jurídicamente, y tan avanzando en la protección de los colectivos vulnerables y el fomento del juego responsable”, así como por los grupos parlamentarios durante la tramitación de este proyecto legislativo, el vigésimo cuarto que desde el Ejecutivo regional se trae a las Cortes para su aprobación definitiva desde que se inició la actual legislatura, “lo que refleja la capacidad de este Gobierno y de este Parlamento de mantener, pese a la pandemia, una intensa actividad legislativa en beneficio del interés general de la ciudadanía”, ha subrayado.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha confiado en contar con el respaldo unánime de la Cámara autonómica a una ley que ha calificado de “muy ambiciosa en sus fines y muy completa en su articulado” y de la que ha destacado que ofrece una mayor respuesta a la demanda social, al tratar de corregir los impactos negativos que la actividad del juego genera en la sociedad.
