El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la resolución por la que se convocan subvenciones por más de 6,9 millones de euros a entidades locales para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención a personas con discapacidad en Castilla-La Mancha para el ejercicio de 2024.
De este modo, “podemos mantener una de las redes públicas más importantes de nuestro país”, tal y como ha puntualizado la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, tras afirmar que esta convocatoria “permitirá hacer frente a los gastos de personal y mantenimiento de centros destinados a la atención directa y a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual”.
Gracias a estos 6,9 millones de euros, se mantiene el mantenimiento de las viviendas con apoyo y las residencias; la integración sociolaboral a través de centros ocupacionales, el apoyo a la autonomía personal desde los centros de día y la atención temprana que se presta en los centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.
Ha destacado también la consejera que, “dentro del trabajo trasversal que desarrollamos desde el Ejecutivo autonómico, esta convocatoria prioriza los proyectos que se llevan a cabo en zonas en riesgo de despoblación o de intensa despoblación, reforzando así los recursos para atender a personas con discapacidad en el mundo rural”.
La portavoz del Gobierno regional ha explicado en la rueda de prensa que, con este tipo de ayudas, a lo largo del presente año, “se ha podido reforzar el trabajo de las 31 entidades beneficiarias en toda Castilla-La Mancha que realizan su labor en el ámbito de la atención especializada y que atienden a más de 1.600 familias con personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma”.
Además, tal y como ha dado a conocer Padilla, “se ha mantenido la financiación de gastos de personal y mantenimiento de diez recursos residenciales con 76 plazas; de 22 centros ocupacionales con 590 plazas y de 14 centros de día con 173 plazas, de un servicio de capacitación con 25 plazas, además de la financiación de seis centros de Atención Temprana y Desarrollo Infantil que han atendido a más de 790 familias”.
Por este motivo, la consejera ha hecho énfasis en que, en 2024, el presupuesto destinado a personas con discapacidad “asciende a 158 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia en este apartado que supone, además, un 60 por ciento más que en 2015”, por lo que ha reivindicado que en las cuentas de la Administración regional siete de cada diez euros los vamos a dedicar al gasto social. Unos datos que, a su juicio, “demuestran el compromiso del Gobierno del presidente García-Page”, a la vez que ha recordado el ejemplo de apoyo a la discapacidad con la Ley de Protección y Apoyo Garantizado “que es pionera a nivel nacional”.
Nuevos proyectos de inclusión social
Además, Esther Padilla ha informado de otra convocatoria de la Consejería de Bienestar Social aprobada también ayer “con la que, desde el Gobierno de Emiliano García-Page, vamos a destinar 5,3 millones de euros en proyectos de inclusión social a lo largo del próximo año”.
La consejera portavoz ha desvelado que el objetivo de esta línea de ayudas es “atender nuevas necesidades sociales que están emergiendo relacionadas con situaciones de pobreza o exclusión social y complementar la intervención de los Servicios Sociales de Atención Primaria”. La convocatoria, que está cofinanciada por el Programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), va dirigida a entidades no lucrativas y entidades privadas de iniciativa social, universidades e instituciones científicas.
“Desde el Gobierno regional, creemos que es necesario colaborar con el Tercer Sector por ser el más sensible a los cambios sociales, así como por su alcance territorial y su carácter multidimensional, que los dota de gran capacidad de respuesta”, ha puntualizado la portavoz, si bien ha añadido que, a la hora de atajar la exclusión, “no debemos limitarnos al acompañamiento en la superación de las situaciones de vulnerabilidad, sino que es necesario investigar sobre los factores que inciden en las mismas y apoyar el diseño de nuevos modelos de intervención”.
Durante el año 2023, con esta convocatoria, se han financiado y desarrollado un total de 126 proyectos, a través de 67 entidades sociales y dos universidades. A nivel individual, se han beneficiado un total de 8.500 personas vulnerables y/o en riesgo de exclusión en el año 2023, de las cuales el 61 por ciento son mujeres y el 39 por ciento son hombres; mientras que el total de profesionales beneficiados en 2023 ha sido 830. Por último, ha confiado que “esta convocatoria tenga los mismos buenos resultados que ha tenido la de 2023”, ha concluido.
