La Federación de Caza de Castilla La Mancha, Aproca y la Fundación Artemisan, han pedido a García-Page y a los diputados castellanomanchegos que «pongan fin a la Ley Animalista votando en contra en el Congreso para terminar con un despropósito normativo que tendrá graves consecuencias».
Para el sector cinegético castellanomanchego, es “una broma de mal gusto” que Podemos intente desbloquear la aprobación de la normativa introduciendo un solo párrafo de la ley de Castilla-La Mancha, mientras se mantiene el resto del texto «que supone un mazazo para númerosos sectores del mundo rural».
La propuesta de Ione Belarra a través de una enmienda transaccional, que denomina “modelo Page” y que pretende excluir a los perros de caza durante el ejercicio de la actividad cinegética, «no sólo no es aceptable para el sector cinegético sino que supondría un paso atrás en la enmienda presentada por el propio grupo PSOE que excluye a los animales de caza (incluidos hurones y aves de cetrería) de la ley, para establecer a través del Ministerio competente, el de Agricultura, una legislación específica».
En todo caso, las distintas entidades consideran que ambas enmiendas no son suficientes y solicitan a García-Page y a los representantes de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados «que apuesten por rechazar la norma y comenzar un proyecto transparente de consultas públicas a los sectores afectados, similar al proyecto regional».
Y es que recuerdan que la Ley Animalista, que será votada en Comisión el próximo martes día 13 de diciembre, «a diferencia de la ley castellanomanchega, prohíbe la tenencia, cría y comercio de animales de fauna silvestre en cautividad que no estén en el listado positivo, lo que provocará la prohibición de la perdiz con reclamo, una de las modalidades de caza más tradicionales en España. Asimismo, la prohibición de la cría de perro, lo que provocará la desaparición de miles de rehalas en España y por ende la práctica prohibición de monterías o batidas».
Otras de las cuestiones que la ley estatal contempla y no la de Castilla La Mancha «es la prohibición de los documentales de caza, o las sanciones desmesuradas (hasta 10.000 € por ejercer mendicidad con un perro, que una perra se quede preñada, dejar peces sin supervisión durante más de 3 días o que un perro esté en un patio)».
De la misma manera, la ley de Castilla-La Mancha no obliga a los ayuntamientos a contratar servicio veterinario 24 horas (cuando muchos de ellos no tienen ni siquiera servicio médico), ni fomenta las colonias de gatos «que son un gravísimo problema para la biodiversidad, no prohíbe el silvestrismo ni el tiro a pichón».
Por todos estos motivos, para el sector, «comparar la ley estatal con la ley castellanomanchega es indignante y piden a García-Page y al Gobierno Regional que expongan las diferencias de ambos proyectos y muestren su rechazo a la normativa nacional que en nada se parece a la castellanomanchega, elaborada desde el consenso y el diálogo».
Igualmente, los representantes del sector cinegética en Castilla La Mancha, afirman que, «además de los despropósitos de la Ley Animalista, la tramitación el mismo día de la reforma del Código Penal es un disparate técnico y jurídico, con cuestiones como elevar el concepto de maltrato a todos los animales vertebrados».
Finalmente, advierten de que, en el caso de aprobarse la Ley Animalista y la reforma del Código Penal, el sector cinegético castellanomanchego va a convocar movilizaciones, dado que se trata del mayor ataque que ha sufrido la actividad cinegética en toda su historia.
