El Comité de Dirección del Partido Popular de Castilla-La Mancha, durante la reunión que ha presidido Paco Núñez este lunes, ha aprobado un comunicado conjunto rechazando la modificación del Código Penal para rebajar los delitos de rebelión y sedición. Así, durante este encuentro celebrado en la sede regional, el PP de Castilla-La Mancha se ha posicionado «en contra de esta medida que pretende impulsar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con partidos independentistas y filoetarras».
En el comunicado además se exige al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la Junta, Emiliano García-Page, así como al presidente del Parlamento autonómico y líder del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, que den instrucciones de manera inmediata para la celebración de un debate extraordinario y posterior aprobación de una resolución conjunta de los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha para que, en el pleno que las Cortes celebrarán el próximo jueves, 3 de noviembre, se manifieste por escrito «la voluntad unánime de los representantes de los castellanomanchegos de solicitar la ruptura de cualquier tipo de pacto con independentistas y proetarras para la reforma de los delitos de sedición y rebelión, y se exija al Gobierno nacional la ruptura de cualquier acuerdo existente o futuro con estos grupos». Igualmente, se exige a Page «que ordene a sus diputados nacionales en el Congreso que rechacen cualquier acuerdo con partidos secesionistas o con partidos defensores del terrorismo de ETA».
Este comunicado aprobado en el Comité de Dirección de los ‘populares’ castellanomanchegos muestra su respaldo a la dirección nacional del Partido Popular por haber decidido romper las negociaciones con el Gobierno en relación con el Consejo General del Poder Judicial, al considerar «inasumible cualquier tipo de acuerdo que implique pactar la renovación del Órgano de Gobierno de los jueces y tribunales con quienes pretenden dejar sin efecto las resoluciones de los mismos, y con quienes no reconocen ni respetan las resoluciones de los órganos judiciales y quieren dejar sin efecto el principio de la separación de poderes».
