El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado el convenio anual con Cruz Roja para el desarrollo del Plan contra la Pobreza Energética, dotado con medio millón de euros y que se ha renovado por octava vez. Se reafirma así “la alianza por las personas más vulnerables” entre la Administración y la entidad, como lo ha calificado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la firma del mencionado convenio con el presidente de Cruz Roja Castilla-La Mancha, Jesús Esteban, y en la que han estado acompañados por la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín.
La consejera ha valorado el trabajo que realizan desde Cruz Roja y ha destacado la importancia de contar con entidades “que pueden llegar donde, a veces, las administraciones no podemos, ya que tienen mayor libertad administrativa para dar respuesta de una forma rápida y eficaz a las situaciones de vulnerabilidad en eficiencia energética que puedan encontrarse muchas familias de la región”.
García Torijano ha repasado los datos de actuaciones y beneficiarios de estas ayudas en 2022, siendo 2.717 las ayudas económicas que se han concedido en total y destacando que más de la mitad de las 10.369 personas beneficiarias tenían menores a su cargo, siendo estos un total de 5.335, el 51,45 por ciento.
Con ello se visibiliza el cumplimiento del principal objetivo de este convenio, que era atender especialmente a las unidades familiares con menores a cargo como colectivo preferente de atención, con el objeto de combatir la pobreza infantil.
En este sentido, la consejera ha informado de que este año estas ayudas recogen dos importantes modificaciones. Por un lado, la cuantía pasa de 150 euros a 200 euros y, por otro, los criterios de concesión serán más flexibles, ya que, hasta ahora, se primaba la ayuda a las familias con hijos, pero ahora “se van a flexibilizar con el objetivo de poder atender todas las situaciones de vulnerabilidad y emplear el medio millón de euros de presupuesto de la manera más efectiva posible”.
Además, de las unidades familiares que han percibido la ayuda durante este año, 862 fueron beneficiarios también del 2021.
Asimismo, los Servicios Sociales de Atención Primaria han realizado 3.553 intervenciones durante el año 2022, en su mayoría relacionadas con el acceso a las ayudas económicas de pobreza energética y, por tanto, con la protección de las personas más vulnerables.
Paralización de cortes y reposición de suministro
La titular de Bienestar Social también ha hecho hincapié en otro de los aspectos importantes que recoge el convenio con Cruz Roja, además de las ayudas económicas; las actuaciones para evitar el corte de suministros energéticos a las familias más vulnerables.
Así, han sido un total de 319 los hogares beneficiados por los convenios con las compañías suministradoras; se han evitado cortes en 183 hogares y se han repuesto en 24 horas en 136 hogares. En total, han sido 926 personas beneficiarias de las medidas de paralización o de reposición, de las cuales el 40,82 por ciento, 380, son menores.
Por último, Bárbara García Torijano ha manifestado que “desde el año 2016 han sido 123.446 las personas que se han beneficiado del Plan contra la Pobreza Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, de las que 58.674 son menores”.
45.700 beneficiarios en 2022 del Sistema de Protección Social de Castilla-La Mancha
Este convenio con Cruz Roja que hoy ha sido renovado forma parte del escudo social de Castilla-La Mancha con el que, a través de un conjunto de prestaciones sociales, se teje una red de atención integral a los colectivos, individuos o familias más desfavorecidas de la región, llegando a más de 45.700 personas durante el año 2022.
García Torijano ha repasado algunas de las ayudas que complementan el marco de protección social como el Ingreso Mínimo Vital, que cuenta con más de 22.000 beneficiarios en la región; el Ingreso Mínimo de Solidaridad, del actualmente se benefician 783 personas; las Ayudas de Emergencia Social, con un presupuesto de 7,3 millones, que ha beneficiado a 5.864 familias en 2022; las ayudas a Familias Numerosas, que afectan a 13.757 familias; y el mantenimiento de condiciones básicas de vida que ha beneficiado a 634 personas.
