El Gobierno descarta el ATC y propone siete almacenes temporales descentralizados en las centrales nucleares

Así consta en el informe sobre el 7º Plan General de Residuos Radiactivos previsto en la Ley sobre energía nuclear, que debe obtener el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional antes de su aprobación

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el informe sobre el 7º Plan General de Residuos Radiactivos previsto en la Ley sobre energía nuclear.

En él se considera inviable disponer del ATC planificado en Villar de Cañas tras “ponerse de manifiesto las dificultades que se plantean para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional para la construcción de una instalación de esta naturaleza”.

Como alternativa a esta instalación, y entre sus actuaciones programadas, el Plan General de Residuos Radiactivos propone dotar a todas las centrales nucleares de capacidad de almacenamiento en seco en sus emplazamientos. Así, promoverá siete almacenes temporales descentralizados en cada una de ellas para guardar los residuos del combustible gastado y alta actividad.

Los siete emplazamientos estarán en las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Santa María de Garoña, José Cabrera, Trillo y Vandellós II, y consistirán en su almacén temporal individualizado más una nueva instalación complementaria o medidas adicionales que permitan realizar las operaciones de mantenimiento y reparación de sus contenedores garantizando la función de seguridad de recuperabilidad a nivel de contenedor.

El Plan General de Residuos Radiactivos es el documento que establece la política de gestión de las centrales nucleares y debe obtener el visto bueno del CSN antes de su aprobación.

Villar de Cañas fue la localidad elegida mediante el acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011 para acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC), así como un centro tecnológico asociado. Desde un primer momento el PSOE se opuso a la instalación y lo bloqueó cuando accedió al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.