Patricia Espejo es la presidenta de la asociación feminista conquense 1,2,3 Educafem. Además, es profesora de derecho en el campus de Cuenca de la Universidad de Castilla- La Mancha. Su colectivo feminista, como ella lo define, «lucha desde la coeducación por la inclusión en las aulas de una educación sexual y afectiva libre de violencia donde no tiene cabida la prostitución de las mujeres ni la pornografía mainstream». El pasado febrero presentaron junto a otras asociaciones a nivel estatal un proyecto de ley abolicionista del «sistema prostitucional». Espejo expone firme que «prostitución y libertad» es un «binomio irreconciliable». La profesora de derecho desarrolla en qué consistiría un proyecto de ley abolicionista que proteja «de forma integral» a las mujeres en situación de prostitución.
En mayo de este año el Gobierno de Castilla- La Mancha pidió a Irene Montero que incluyera la prostitución en su proyecto de ley contra la trata, ¿cuál es su postura al respecto?
Me gustaría destacar las faltas que tiene la ley propuesta por el Ministerio de Igualdad. Desde mi punto de vista es un tren perdido y mi postura está en consonancia con el criterio de Gobierno de Castilla- La Mancha: lo que necesita nuestro país es una ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para implantar un marco legal abolicionista que dé cabida a la realidad existente. Si regulamos una norma solamente dirigida a la trata con fines de explotación sexual estamos dejando fuera de protección a muchísimas mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad. Mujeres prostituidas no dentro de mafias, pero de manera no libre. Es muy complicado y peligroso hablar de libertad dentro del sistema prostitucional de las mujeres.
La ciudadanía debe conocer que existe un proyecto realizado por diferentes asociaciones que lucha encarecidamente contra la prostitución de las mujeres. En febrero se presentó la publicación de este proyecto de ley. No deberíamos quedarnos exclusivamente en una ley contra la trata porque la prostitución es el origen de la misma. El consumo de mujeres es una realidad que parte del consentimiento de los Estados. Si España se queda en una posición intermedia, que no es la abolicionista, como dijo en una ocasión la activista Amelia Tiganus: «España se convertirá en un Estado proxeneta».
«Hay que garantizar la protección de las mujeres prostitutas con independencia de su situación legal o ilegal»
¿En qué consiste este proyecto de ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional que han planteado las asociaciones en contra de la trata y la prostitución?
Esta ley parte de la presunción que la violencia sexual es violencia machista. Eso nos llevaría a modificar una de las leyes más importantes que en su día se aprobó en 2004 por el gobierno de Zapatero. Hay que modificarla para que se pueda incluir la violencia sexual dentro del concepto de violencia de género.
La prostitución es un espacio libre de feminismo, no podemos vincular prostitución y libertad, ni prostitución y democracia porque son dos binomios irreconciliables. Y no la podemos dejar fuera de la ley porque es el origen de que exista la trata. Si no existiera la prostitución de las mujeres no habría un negocio, una industria, un mercado de trata. No sería rentable.
Lo que plantea esta proposición de ley es dar una protección integral a todas las mujeres que residan en España y que estén dentro del sistema de la prostitución. Garantizarles protección con independencia de su situación legal o ilegal. Esta es la clave: hay que vincular prostitución y trata con inmigración. Esto modificaría absolutamente la ley de extranjería, también protegería a las mujeres españolas que estén fuera del país.
«La educación es la raíz y la base. Sin ella es difícil que todo lo demás progrese en el horizonte de libertad real de las mujeres«
¿A qué se refiere cuando habla de «protección integral»?
La ley abolicionista pretende habilitar recursos reales, es decir, recursos económicos; que esas mujeres puedan reinsertarse en el mercado laboral. Para ello los presupuestos generales del Estado tienen que contemplar partidas destinadas, primero, a la lucha contra la explotación sexual de las mujeres y, segundo, a la concienciación de todo tipo de operadores jurídicos, educativos, policiales y sanitarios. Si no establecemos recursos económicos, al final no hacemos nada. Seguimos atados de pies y manos. Se queda en una declaración de intenciones. Necesitamos recursos de prevención, de detección, asistencia y reparación dirigidos a estas mujeres.
Es importante que las personas que trabajan en la educación, como las que trabajan en los distintos cuerpos de policía, en justicia, en sanidad estemos concienciadas de que la explotación sexual de mujeres en el mundo es una forma de violencia machista. Para ello necesitamos políticas públicas de Estado contundentes que se dirijan a formar, concienciar, sensibilizar y reeducar a todos los trabajadores y trabajadoras de los distintos ámbitos y de manera especial a sectores clave, como el ámbito de la educación. La educación es la raíz y la base. Sin ella es difícil que todo lo demás progrese en el horizonte de libertad real de las mujeres.
También es fundamental que todo el personal sanitario esté concienciado formado de la situación de estas mujeres. Esas mujeres pasan por controles porque en muchas ocasiones son mujeres que presentan problemas graves de salud. En este sentido, la industria farmacéutica es una gran beneficiada y se ha manifestado en contra de abolir la prostitución. Hay sectores económicos que se benefician de la existencia de la prostitución.
¿A quién persigue este proyecto de ley? Vemos como las leyes de prostitución se han planteado señalando a las prostitutas y proxenetas, pero no a los clientes.
El contenido de esta ley gira sobre tres pilares fundamentales: las mujeres prostituidas, a las que se les garantiza protección integral con independencia de su origen y situación administrativa. Los dos ejes restantes son los proxenetas y la demanda de la prostitución.
Si no enfocamos que la norma en estos tres ejes, estamos poniendo el foco en la mujer prostituida, dejando de lado a los ‘puteros’, los demandantes de los cuerpos de las mujeres, y a los proxenetas. Y, de nuevo, estamos volcando toda la responsabilidad de esta lacra en las mujeres, cuando no debe de ser así.
«Hablar de trabajo sexual me parece un eufemismo, es ocultar una realidad muy grave«
¿Y cómo castigaría este proyecto de ley a los proxenetas y los clientes?
Esta ley recupera la tercería locativa, un tipo penal que estaba vigente en el anterior código y se ha derogado. Se trata de una figura jurídica que hace alusión a todo negocio cuyo objetivo, directo o indirecto (porque a veces no se ve tan claro, pero lo es), sea la explotación de la prostitución ajena. El haber derogado ciertos tipos penales que estaban vigentes en el anterior código penal es una de las causas de que nuestro país se haya convertido en un país tránsito de mujeres prostituidas y que sea el segundo país que más demanda mujeres de Europa y el tercero del mundo.
Recuperar este tipo penal es muy importante porque la mayoría de la prostitución se ha trasladado de los prostíbulos a los pisos. Otra realidad que hay que tener en consideración es la mutación de la prostitución tradicional a la web, lo que se conoce como ‘prostitución 2.0’. Durante el confinamiento hemos visto cómo la industria de explotación sexual ha evolucionado a los medios digitales a través de redes sociales como Tiktok, Instagram, Only Fans… Este tipo de prostitución todavía es muy desconocida por parte de las organizaciones y asociaciones que la combatimos. Las mujeres pueden prostituirse desde casa y cada vez son más jóvenes las que lo hacen, a veces menores de edad.
En el marco de esta propuesta de ley abolicionista, ¿dónde quedaría la posición de las trabajadoras sexuales que defienden su derecho a ejercer?
Hablar de «trabajo sexual» me parece un eufemismo, es ocultar una realidad muy grave. Es una manera de justificar la explotación de las mujeres. No se pueden conjugar estas dos palabras: trabajo y explotación sexual.
Estoy convencida, con mayúsculas, de que ninguna mujer ofrecería su dignidad, su libertad, su vida, su cuerpo para que, por un precio módico, un hombre haga con ella lo que quiera. Creo que vivimos es un mundo que no protege a las mujeres; que todavía no es capaz de dar los recursos económicos, sociales, laborales, ni psicológicos a las mujeres. No es posible hablar de libertad cuando hablamos de explotación sexual; cuando hablamos de violencia de género. El código penal establece que no puede haber consentimiento en que tu cuerpo sea violado, abusado, vejado e, incluso, pegado. Si tuviéramos recursos para todas las mujeres dudo de que ninguna mujer dijera que ha decidido libremente ser prostituta.
