La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la Junta de Comunidades «continúa sin implantar el teletrabajo en el conjunto de la Administración regional a pesar de las medidas restrictivas a causa del aumento de contagios de Covid-19». CSIF lamenta que «se estén volviendo a producir los mismos errores del pasado en plena tercera ola de coronavirus, y es que la Administración regional limita y coarta la aplicación del teletrabajo entre los empleados públicos de Castilla-La Mancha.
El sindicato señala que la lista de «despropósitos del Ejecutivo que preside García-Page en materia de teletrabajo es muy larga. En mayo del pasado año se vulneraban derechos fundamentales forzando la vuelta al trabajo presencial; en junio, una vez finalizado el estado de alarma y la cuarentena en todo el territorio nacional, se procedía a incorporar presencialmente al colectivo definido como vulnerable; en septiembre se llegaba a un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para regular el teletrabajo en todas las administraciones, pero en Castilla-La Mancha no se ha dado ningún paso para aplicarlo; en diciembre se trasladaba al personal informático de la Dirección General de Administración Digital a un edificio que incumplía la normativa de prevención de riesgos laborales».
El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, subraya que «la Administración está haciendo oídos sordos a todas las propuestas y solicitudes, el presidente de la Junta hace uso de su mayoría absoluta para romper totalmente el diálogo con los agentes sociales en lo concerniente el teletrabajo y relegar así a los empleados públicos, a los que tanto aplaude de puertas afuera».
Sánchez expone que lo único que pide CSIF es un nuevo marco regulatorio del teletrabajo, ya que «el actual no sólo es obsoleto, sino que es muy restrictivo y realmente son muy pocos los que pueden acceder al trabajo online. Los empleados públicos se sienten abandonados por la Administración».
Así, desde la Central Sindical se reclama la aplicación Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, «que como su propio título indica presenta medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19». «Había un plazo de seis meses para negociar la implantación de este Real Decreto en cada administración, pero en Castilla-La Mancha no se ha hecho nada y ya llegamos demasiado tarde», concluye Sánchez.
