La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado una huelga indefinida para el colectivo médico a partir del próximo 27 de octubre. La convocatoria de huelga se realizará los últimos martes laborables de cada mes.
Como se expone en el escrito que ya está en los registros tanto del Ministerio de Sanidad como del de Trabajo, esta decisión “viene provocada por la actual situación que atraviesan los profesionales, que arrastran años de recortes provocados por una insuficiencia financiera y de graves defectos de planificación y gestión que afectan negativamente a la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, socavan la calidad asistencial que se debe proporcionar a ciudadanos y pacientes y de manera muy especial han deteriorado las condiciones laborales y profesionales de los facultativos”.
Dichas carencias “se manifiestan en la deficiente planificación y análisis de las necesidades de profesionales”. A estas “hay que añadir una política de personal que ha abusado en exceso de la temporalidad, lo que nos ha conducido a una precariedad laboral inaceptable que impide el desarrollo profesional, la mejora de la calidad asistencial y que dificulta en exceso la fidelización de los profesionales”.
A juicio de CESM hay “falta de procesos selectivos y de movilidad, sobrecarga asistencial, discrecionalidad en nombramientos para puestos jerárquicos o insuficiente y caduco modelo retributivo, que no han hecho sino estimular la huida de médicos a otras redes asistenciales y a otros países del entorno europeo donde encuentran mejores condiciones para sus condiciones profesionales, laborales y personales”.
Critican la “falta absoluta de dialogo de las autoridades sanitarias con las organizaciones profesionales, circunstancia que se ha intensificado últimamente, lo que ha deteriorado hasta extremos inadmisibles la motivación y el compromiso de los profesionales y que está en la base de la falta de disponibilidad de especialistas de la que adolece el SNS, que ahora se quiere enmascarar con soluciones inadecuadas que sólo logran empeorar el problema”.
Todas estas circunstancias “no han hecho más que salir a la luz de manera agravada como consecuencia de la pandemia por COVID19, que ha revelado además severas carencias estructurales en la planificación y dotación de recursos humanos. En los más de siete meses que llevamos de pandemia no se ha aplicado ninguna medida para corregir este problema estructural, sino que se han ido adoptando parches momentáneos a costa de la asistencia sanitaria que no sea COVID y de la salud y seguridad de los profesionales”.
El exponente máximo de esta realidad, según lamenta CESM, ha sido “la aprobación del Real Decreto Ley 29/2020, de 30 de septiembre, en el que en una inminente segunda ola que vuelve a desbordar la asistencia sanitaria la única solución que ofrece el Estado es contratar enfermeras para hacer de médicos, contratar a no especialistas para hacer tareas de éstos, reconocimiento exprés de títulos de especialista obtenidos en países extracomunitarios y obligar a los especialistas a realizar funciones de especialidades que no les son propias. Es decir, el desmantelamiento del sistema público de salud, laminando el régimen de especialidades médicas, legalizando el intrusismo profesional y degradando fatalmente la calidad de la asistencia sanitaria de la población”.
Este nuevo texto legal, unido a la ausencia de planes y medidas estructurales, “han sobrecogido a todos los colectivos y asociaciones sanitarias y nos han forzado a dar la voz de alarma ante la población y el colectivo médico, de manera que la única salida para defender la seguridad de los pacientes y la calidad asistencial del sistema sanitario, ante el desprecio de las instituciones que han recibido múltiples solicitudes y comunicaciones para el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas ignorando todas ellas, ha sido la convocatoria de esta huelga nacional de médicos”.
Este paro nacional se convoca “con el objetivo de que se retire de manera inmediata el Real Decreto Ley 29/2020 y de que se establezca un calendario de negociaciones que permita abordar los asuntos de urgente resolución”.
Solicitan, por tanto, “solvencia financiera para una asistencia de calidad con un aumento progresivo de la financiación; una nueva regulación de la relación laboral del colectivo MIR que mejore sus condiciones laborales y formativas, con aumento de las plazas de formación sanitaria especializada; plantillas adecuadamente dimensionadas para responder con suficiencia a las necesidades; una nueva regulación de selección y provisión de plazas que acabe con la libre designación; una modificación del Estatuto Marco que permita una jubilación flexible y voluntaria entre los 60 y los 70 años y declaración de profesión de riesgo; y la mejora de las condiciones laborables y de la presión para asegurar la calidad asistencial y hacer más atractivo el Sistema Nacional de Salud”.
