Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas en tener los índices de pobreza y exclusión social (AROPE) por encima de la media nacional. En concreto, los indicadores con los que se calcula son el riesgo de pobreza; privación material y social severa y baja intensidad de empleo (BITH), según el estudio que realiza la plataforma European Anti-Poverty Network (EAPN), que trabajan contra esta problemática en los países miembros de la Unión Europea.
Los resultados que se muestran en el informe son regionales, y hace una división de España en dos mitades: las comunidades autónomas de Madrid al norte son las que tienen bajas tasas de pobreza y/o exclusión social (entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, que está en un 26,5%). Sin embargo, las regiones del sur tienen tasas «extraordinariamente» altas, entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Castilla-La Mancha tuvo en 2023 una tasa de AROPE del 31,7%, la cuarta más alta por detrás de Andalucía, Canarias y Extremadura.
Con respecto al año anterior, se produjo un incremento ligera del 0,3%. Sin embargo, la población en ese indicador ha descendido en 3,9 puntos porcentuales con respecto a 2015, año de referencia para la evaluación de los compromisos contenidos en la Agenda 2030, que supone un 11% menos, es decir, 74.000 personas menos en riesgo de pobreza y/o exclusión social. A pesar de ello, el informe destaca que ninguna comunidad autónoma, salvo Islas Baleares y Extremadura, mantienen un AROPE superior al que registraban en el año 2008.
Dentro de los indicadores de AROPE, el estudio sitúa a Castilla-La Mancha con un 25,5% de población en riesgo de pobreza en 2023, la cuarta región con la tasa más alta, por detrás de Andalucía, Extremadura y Canarias, y sin contar a las ciudades autónomas Ceuta y Melilla. Resaltan que ha mejorado en menor medida con respecto a 2008, solo 0,9 puntos porcentuales. De ese porcentaje de riesgo, el 10,4% es «pobreza severa», es decir, la sufren con mayor intensidad. Con respecto a 2022, la región es la segunda comunidad que más ha incrementado en este indicador, en torno a 1,7 puntos porcentuales, 38.000 personas más. Desde 2008, año que toman de referencia por el inicio de la crisis económica, ese portaje ha aumentado 3,4 puntos porcentuales, con 75.000 personas más desde entonces en pobreza severa.
La privación material y social severa (PMSS) es un indicador de vulnerabilidad grave que mide la capacidad para disponer de 13 ítems o elementos de consumo y de relación social que se consideran necesarios en la sociedad europea para mantener una adecuada calidad de vida. Se incluyen todas aquellas que no son capaces de permitirse siete de ellos. Entre ellas está no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; o no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, entre otros. Según el informe, en Castilla-La Mancha ha mejorado este índice con respecto a 2022, en torno al punto porcentual, que se situaba en un 8,5% en 2023. A pesar de ello, en relación a 2015, esos números han aumentado un 23,2%, en 35.000 personas las que no pueden permitirse hacer siete de algunas de esas 13 cosas.
En cuanto al factor de Baja Intensidad de Empleo por Hogar (BITH) de 0 a 64 años, Castilla-La Mancha registró en 2023 un 6,8% de su población total, 142.000 habitantes. La tónica es un descenso generalizado a nivel nacional, también en la región castellanomanchega, donde descendió un 59% con respecto a 2015, es decir, 201.000 personas que salieron de este indicador en ocho años.
Sobre la renta media por persona, en Castilla-La Mancha se situaba en 11.913 euros en 2023. Una cifra que aumentó un 7,9% con respecto a 2022, cuando se situaba en 11.037 euros, y un 40,2% con respecto a 2015, cuando estaba en 8.498 euros.
