La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha defendido que «lo razonable» es que el Consejo Interterritorial de Salud «deje claro cuál será el margen de maniobra» con el que contarán las comunidades autónomas cuando termine el Estado de Alarma para establecer medidas que afecten a los derechos fundamentales como el toque de queda, los cierres perimetrales y la limitación del número máximo de personas por reunión.
Este miércoles se reúnen Gobierno central y autonomías en el seno del Consejo Interterritorial y uno de los asuntos principales que se abordarán es el escenario que se abre tras el 9 de mayo, cuando concluye el vigente Estado de Alarma que, si se cumplen los compromisos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, no se va a prolongar.
Fernández ha resaltado que desde la Junta de Castilla-La Mancha «lo que queremos es un marco que nos otorgue seguridad jurídica». Ha matizado que la intención «no es mantener de manera indefinida los confinamientos y los cierres, todo lo contrario porque nuestros datos son cada vez mejores, pero sí que tenemos que saber qué herramientas hay».
