La consejera Portavoz, Blanca Fernández, ha destacado la necesidad de que el uso del ‘pasaporte COVID’ para determinadas actividades sea regulado a nivel nacional y no por cada autonomía.
Fernández ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que «este es un tema que hay que resolver a nivel nacional, honestamente. Si se exige pasaporte covid, para cualquier cuestión, que sea una decisión que se tome en el marco nacional porque si no volvemos locos a los ciudadanos, a los turistas,…». Así, la portavoz del Ejecutivo regional ha preciado que «si una medida es objetivamente es buena habrá que ponerla en marcha en todo el país. Por tanto, esto le correspondería al Ministerio de Sanidad dialogando con las comunidades autónomas para aprobarlo o desecharlo. Pero hay que valorarlo siempre en el ámbito del Consejo Interterritorial de Salud. Bastante difícil es digerir las medidas que toman unas comunidades autónomas u otras desde la propia coherencia sanitaria. Y si entramos ya que en Galicia se pide un pasaporte Covid y en Andalucía o Castilla-La Mancha no…daríamos una imagen de falta de cohesión».
Por otro lado, Blanca Fernández ha reconocido que el Gobierno de Castilla-La Mancha se encuentra «preocupado por la evolución de los contagios» dado que la tasa de incidencia acumulada media ha alcanzado los 700 casos por 100.000 habitantes a catorce días aunque la tasa en la región es la mitad, la más baja del país entre las comunidades autónomas.
La consejera Portavoz ha resaltado que «hoy es importante decir, para tranquilidad de todos, que la mortalidad por Covid 19 se ha reducido en la región un 74% en comparación con el mismo mes del año anterior. Por tanto, aunque hay que ser prudentes, aunque no hemos vencido definitivamente al virus, le pedimos a la gente prudencia y, desde luego, tranquilidad».
Modificación de las reglas del trasvase
En relación a los cambios en las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, la portavoz del Gobierno de Emiliano García-Page ha manifestado que “para nosotros es una buena noticia. Aunque no está todo conseguido, creemos que es un avance en justicia y en sentido común”, valorando de forma positiva la medida que aprobará el Consejo de Ministros y mostrando lealtad a otras comunidades afectadas para trabajar en el futuro por otras alternativas.
