El periodo medio de pago a proveedores del Gobierno de Castilla-La Mancha entre los meses de marzo y septiembre se ha situado en 24,21 días, lo que supone que la región encadena siete meses consecutivos abonando sus facturas 10 días antes que la media de las Comunidades Autónomas.
Así se desprende de los datos oficiales sobre el periodo medio de pago a proveedores de las comunidades autónomas correspondientes al pasado mes de septiembre, que hoy ha publicado el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con estos datos oficiales, en septiembre el periodo medio de pago a proveedores de Castilla-La Mancha se situó en 23,01 días, mes en el que las comunidades autónomas abonaron sus facturas, de media, en 34,77 días. Por lo tanto, la región en ese mes pagó a sus proveedores 11 días antes que el conjunto nacional.
La rapidez de pago de Castilla-La Mancha con respecto a la media de las comunidades autónomas es una constante en los últimos meses. Así, en los últimos siete meses, entre marzo y septiembre de este año, Castilla-La Mancha ha abonado las facturas a sus proveedores antes que la media nacional.
En concreto, la diferencia en estos siete meses entre Castilla-La Mancha y el conjunto de las comunidades autónomas se sitúa en 10 días, ya que el periodo medio de pago a proveedores de la región en este periodo fue de 24,21 días y la media del conjunto nacional asciende hasta los 34,01 días.
Estos datos suponen además que Castilla-La Mancha sigue cumpliendo en estos siete meses con el límite legal de pago, establecido para las administraciones públicas en 30 días.
El buen comportamiento del periodo medio de pago en la región en los últimos meses está relacionado con el compromiso adquirido por el Gobierno regional al inicio de la crisis sanitaria para abonar lo más rápido posible las facturas a las pymes y autónomos.
Este compromiso se materializó en el decreto de medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios para afrontar la situación de crisis ocasionada por el coronavirus que el Ejecutivo de Emiliano García-Page aprobó el pasado mes de marzo, en el que se recogía que para facilitar la liquidez a las empresas se priorizaría en el ámbito de la tesorería el pago a pymes y autónomos, que son los principales proveedores de la Administración regional, además de parte fundamental de la estructura productiva de la región.
