El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha buscará tutela judicial para la puesta en marcha de medidas de contención de la pandemia de la COVID-19 en el territorio autonómico, concretamente para aquellas que afecten a derechos fundamentales, si el próximo 9 de mayo no se prorroga el estado de alarma.
“Nosotros nos adaptaremos -ha dicho- y cuando tengamos que tomar la decisión que pueda delimitar algún derecho fundamental solicitaremos la tutela judicial porque es nuestra obligación y porque creemos que hay que hacer las cosas con absoluto respeto a la legalidad”.
A preguntas de los medios de comunicación, Martínez Guijarro ha señalado que, a día de hoy, con el estado de alarma en vigencia, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, actúa por delegación expresa del Gobierno de España, pero una vez que éste finalice el Gobierno autonómico valorará las medidas que se pueden tomar.
En este sentido, el vicepresidente ha señalado que existen herramientas para poder tomar medidas de contención de la expansión del virus. “Ya hemos actuado contra el virus sin estado de alarma”, ha dicho en alusión a los meses de verano, toda vez que ha recordado que al principio “se dieron algunas disfunciones (porque el criterio de unos jueces no coincidía) pero esto se corrigió porque era el Tribunal Superior de Justicia el que tenía que ratificar las decisiones que proponían las autoridades sanitarias”.
El Estado de Alarma faculta a las comunidades autónomas desde octubre para ordenar el cierre perimetral de todo o parte de su territorio (como zonas de salud, provincias y municipios), establecer toque de queda y limitar el número máximo de personas que pueden reunurse
