El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abogado por una propuesta conjunta entre todas las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía, para poder consensuar y negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. Se trata de establecer un dialogo común para alcanzar una “reforma consensuada, justa y equitativa”, que “nos haga más fuertes” a la hora de negociar; ya que estamos hablando de “un asunto de región”.
Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su intervención en las Cortes regionales este jueves, donde ha defendido que el nuevo modelo de financiación “garantice el principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos con el mismo nivel de calidad” y que ese nivel “no dependa de la capacidad económica del territorio en cuestión”; ya que como ha dicho, “la igualdad no se negocia, porque singularidades tenemos todos y singulares somos todos”. Una postura “muy definida” que se ha mantenido desde que Emiliano García-Page asumió la presidencia, frente a gobiernos del Partido Popular, como actualmente del Partido Socialista.
Para garantizar este principio, ha continuado el consejero, es necesario “valorar el coste real que supone a las autonomías financiar los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y que son de su competencia”. Este nuevo modelo, que ha propuesto el Ejecutivo autonómico, “debe perfilar un buen diseño de la población ajustada”, teniendo en cuenta aquellas variables, que mejor representan el coste de la prestación de los servicios y que en el caso de Castilla-La Mancha son: la superficie; la población, por grupos de edad; la dispersión; la renta ‘per cápita’ y la pobreza relativa.
En relación con esto, el consejero ha explicado que desde el Ejecutivo autonómico se defiende “un sistema de nivelación total no vinculado a la capacidad fiscal de los territorios, para distribuir los recursos en función de la población ajustada”, cuestión, que según ha comentado no ocurre en la actualidad, siendo parcial el que ahora mismo presenta la región. Si fuera así, y según estimaciones, “Castilla-La Mancha vería incrementado sus recursos financieros en cerca de 300 millones de euros anuales”.
En esta línea, Ruiz Molina ha defendido la necesidad de abordar una armonización fiscal para que “la ciudadanía page sus impuestos en función de la capacidad económica y no en función de donde resida”, evitando con ello la competencia fiscal desleal entre regiones, en cuanto a la imposición de tributos comunes. Compatible con la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal.
Garantizar el principio de lealtad institucional
El consejero ha continuado su intervención haciendo referencia al principio de lealtad institucional, por el que cuando el Gobierno de la nación adopte medidas que afecten a las finanzas de las comunidades, se valoren y compensen; en este sentido, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha recordado la importancia de este asunto, y ha vuelto a poner sobre la mesa la carta que el presidente García-Page envió a Sánchez, para que en la próxima Conferencia de Presidentes, se incluya este punto en el orden del día; para alcanzar un compromiso de Estado para que la capacidad financiera de las autonomías no se vea afectada por las decisiones del Ejecutivo nacional.
Además, también ha hablado del problema de la despoblación en Castilla-La Mancha, en cuyo caso ha indicado que “no debe entrar dentro del modelo de financiación, ya que se debe financiar como un fondo adicional”; dentro, de lo que ha mencionado, “son las políticas de Desarrollo Regional, revitalizando con ello el Fondo de Compensación Interterritorial, un instrumento elemental para financiar el reto demográfico, al que nos enfrentamos algunas comunidades autónomas”.
Reestructuración de la deuda y fondo transitorio
Ante la imposibilidad de negociar un nuevo modelo de financiación a corto plazo, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha recordado que desde el Gobierno regional se han planteado dos medidas prioritarias; de un lado, la aprobación de un fondo transitorio, que compense temporalmente a las autonomías, claramente infrafinanciadas; y por el otro abordar una reestructuración de la deuda.
En cuanto al fondo transitorio, se partiría, según ha indicado el consejero “del último estudio realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que ha estimado un total de 3.000 millones de euros de infrafinanciación que afectaría a Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha”; un fondo que según ha explicado, se mantendría operativo hasta completar la reforma del sistema de financiación.
En relación con la reestructuración de la deuda, el consejero ha vuelto a dejar claro que el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva muchos años defendiendo un reconocimiento de la infrafinanciación con el actual modelo, y que está relacionada con dos factores clave; por un lado, a consecuencia del mal funcionamiento del sistema, que garantiza una prestación de servicios sin la financiación suficiente; y por otro, vinculado a los efectos sobre la deuda autonómica que generó la crisis económica de 2008.
Para esa condonación, Ruiz Molina ha apostado por que sea un “órgano independiente”, como AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el que determine qué parte de la deuda “es consecuencia de factores exógenos a la propia gestión de la comunidad autónoma y qué parte es consecuencia de las decisiones de gasto de esa comunidad”. En este caso, el consejero ha sido claro, y ha recordado el acuerdo que el Gobierno central cerró con los independentistas, decidiendo que para Cataluña esa “condonación ascendiera a 15.000 millones, lo que supone un 20 por ciento de la deuda que tiene está comunidad con el Ejecutivo de Pedro Sánchez”; lo que extrapolado a Castilla-La Mancha, “supondría una condonación como mínimo de 2.600 millones”.
Por último, en cuanto a la singularidad de Cataluña, ha indicado que el Gobierno, presidido por Emiliano García-Page, “no va a permitir unas negociaciones bilaterales” entre el Estado con cualquier comunidad autónoma, y tampoco, “que se conceda una financiación singular, ya que es injusta, egoísta e insolidaria y va en contra de todo lo que defiende un Gobierno progresista, que es el principio de igualdad y la lucha contra todo privilegio”. Y ha vuelto a exigir, que ese nuevo modelo se negocie en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representados el Gobierno de España y las comunidades autónomas.
