El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado en los últimos ocho meses las facturas a sus proveedores una semana antes que la media de las comunidades autónomas.
Así se desprende de los datos oficiales que publicó el Ministerio de Hacienda sobre el periodo medio de pago de las administraciones públicas, correspondientes al mes de octubre.
De acuerdo con estos datos, el periodo medio de pago de Castilla-La Mancha el pasado mes de octubre ascendió a 28,76 días, mientras que en el conjunto de las comunidades autónomas este indicador se situó en ese mismo mes en 33,71 días, es decir, cinco días más.
La rapidez de pago de Castilla-La Mancha con respecto a la media de las comunidades autónomas es una constante en los últimos meses. Así, si se tienen en cuenta los datos registrados desde el pasado mes de marzo, la región encadena ocho meses consecutivos pagando antes que el conjunto nacional.
En concreto, el periodo medio de pago de Castilla-La Mancha entre marzo y octubre se ha situado de media en 26,48 días, cuando la media nacional en estos ocho meses ha sido de 33,59 días. Es decir, Castilla-La Mancha en los últimos ocho meses ha abonado las facturas a sus proveedores una semana antes que el conjunto de regiones españolas.
Teniendo en cuenta los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, también se aprecia que la región cumple un mes más con el periodo legal de pago de las administraciones públicas, que está establecido en 30 días.
El buen comportamiento del periodo medio de pago en la región en los últimos meses está relacionado con el compromiso adquirido por el Gobierno regional al inicio de la crisis sanitaria para abonar lo más rápido posible las facturas a las pymes y autónomos.
Este compromiso se materializó en el decreto de medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios para afrontar la situación de crisis ocasionada por el coronavirus que el Ejecutivo de Emiliano García-Page aprobó el pasado mes de marzo, en el que se recogía que para facilitar la liquidez a las empresas se priorizaría en el ámbito de la tesorería el pago a pymes y autónomos, que son los principales proveedores de la Administración regional, además de parte fundamental de la estructura productiva de la región
