El diputado del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Emilio Bravo, ha pedido al Gobierno regional que no “cargue” a los ayuntamientos de más gastos y ha solicitado ayuda económica a la administración regional y convenios con las diputaciones.
Así se ha pronunciado Bravo, en la rueda de prensa previa a la comisión parlamentaria de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, donde ha asegurado que el Proyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales en Castilla-La Mancha “obliga” a los municipios a contar con instalaciones y personal para hacerse cargo de los animales perdidos y recuerda que si la administración regional o las diputaciones no ayudan a los ayuntamientos “es imposible que nos podamos hacer cargo”.
Por eso, Bravo ha denunciado que el Gobierno de Page quiera cargar a los ayuntamientos de más gastos, ya que están atravesando momentos complicados económicamente al asumir competencias que no son suyas a causa de la pandemia.
Además, ha indicado que dicha Ley contempla que los ayuntamientos se hagan cargo de la recogida y eliminación de los animales muertos o de la captura y acogida de animales perdidos, y por eso, pide convenios con las diputaciones para que se hagan cargo de esos gastos.
Por otra parte, el dirigente popular ha avanzado que el PP-CLM ha presentado 28 enmiendas al Proyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales en Castilla-La Mancha y que ha contado con la colaboración de asociaciones y colectivos de la región y de alcaldes y concejales de los municipios de nuestra tierra.
Bravo ha señalado que dichas enmiendas van encaminadas a evitar el maltrato animal, medidas sanitarias, y medidas que eviten el tratamiento que pueda hacer daño físico y de menosprecio a los animales.
Y respecto al artículo 13 de dicha Ley, -en el que se limita que entre particulares se pueda realizar venta de sus animales-, el PP-CLM considera que no es de “competencia regional”, por lo que ha solicitado al Consejo Consultivo que lo valore y emita un nuevo dictamen, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en el que asegura que se trata de un artículo inconstitucional.
