El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado la “certeza y fiabilidad” de todas y cada una de las cifras que componen el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, que hoy se ha aprobado en las Cortes regionales, y ha hecho hincapié en que uno de los principales aspectos que justifican su cuantía, estimada en 7.554,3 millones de euros para 2023, es el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, “que es la máxima prioridad del Gobierno regional”.
Así lo ha puesto de manifiesto Ruiz Molina durante el pleno del Parlamento autonómico, donde ha recordado que entre esos compromisos está mantener la congelación de la presión fiscal, que incluso en el último ejercicio se ha reducido.
En su intervención, el consejero ha explicado que el techo de gasto para 2023 es el gasto máximo en el que la Administración regional puede incurrir a lo largo del próximo año y ha informado de que, con su aprobación, se inicia de manera oficial el trámite parlamentario para aprobar, con posterioridad, el proyecto de Ley de presupuestos del próximo año, con el fin de que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado que, junto al cumplimiento de los compromisos, hay otros dos aspectos que justifican la cuantía del techo de gasto. Por un lado, el rigor con el que se han elaborado las estimaciones de ingresos, pecando de “excesivamente prudentes o conservadores” en algunas estimaciones, “con el objetivo de que lo que gastamos esté en consonancia con lo que prevemos ingresar”. Y, por otro, la responsabilidad, “ya que, a pesar de ser año electoral, hemos decidido acometer una reducción sin precedentes en nuestra apelación a los préstamos, superior al 70 por ciento”, ha precisado.
De esta forma, “nos dotamos de los mimbres suficientes para elaborar unos presupuestos para 2023 que puedan seguir generando riqueza y empleo y garantizando el bienestar y el progreso de la sociedad castellanomanchega”.
Un límite de gasto no financiero que aporta certidumbre
El consejero ha añadido que el límite de gasto no financiero tiene “dos características muy marcadas. La primera es que “consolida el volumen de recursos públicos que alcanzamos en el momento más álgido de la pandemia”. Y la segunda es “la certeza en cuanto al volumen de ingresos que recibirá la Administración regional en 2023, pues la mayoría, más del 80 por ciento, procede del sistema de financiación autonómica”, ha apuntado.
“Una certeza que contrasta con el contexto económico en el que nos encontramos”, ha señalado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, quien ha agregado que “nuestras previsiones, elaboradas según la metodología de la AIREF y, de acuerdo también a las previsiones del Gobierno de España y a las estimaciones realizadas por los principales gabinetes de estudios económicos, son que la economía regional podría crecer en términos de PIB real un tres por ciento en 2022 y un 2,8 por ciento en 2023”.
Ruiz Molina ha recalcado que estas previsiones “las realizamos hace unas semanas, en base a la información de la que disponíamos en ese momento”, y que “varían de un día para otro” con motivo de la situación actual, por lo que “seguimos elaborando predicciones de cómo podría comportarse la economía en 2023”. En cualquier caso, ha afirmado que “con independencia de esta incertidumbre en cuanto a los datos macroeconómicos, la cuantía del límite de gasto no financiero aporta certidumbre en las cifras por dos razones”.
La primera, ha dicho, “porque el grueso de este montante proviene de las cuantías ciertas que nos ha remitido el Ministerio de Hacienda y Función Pública respecto a lo que corresponde a Castilla-La Mancha, de acuerdo con el Sistema de Financiación Autonómica”. Y la segunda razón, ha proseguido el consejero, “es porque la cuantía del déficit en el que incurriremos en el ejercicio 2023 obedece a una decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha. Por tanto, no es objeto de estimación”.
Principales magnitudes del límite de gasto no financiero
El techo de gasto se ha elaborado en base a las estimaciones de ingresos que maneja la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y una vez conocida la información necesaria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado el pasado 27 de julio, en lo que respecta a la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2023, la tasa de referencia en relación al déficit y los recursos provenientes del sistema de financiación.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha detallado las principales magnitudes que lo componen. En primer lugar, los ingresos propios de carácter no financiero, que ascienden a 7.234 millones de euros, lo que supone una variación respecto al ejercicio anterior del 23 por ciento. De esta cifra, el 86 por ciento, es decir, 6.197 millones, son los ingresos que le corresponden a Castilla-La Mancha, provenientes del sistema de financiación vigente e incluye las entregas a cuenta de 2023 y la liquidación correspondiente al ejercicio 2021.
En este punto, Ruiz Molina ha subrayado que el elevado porcentaje que esta magnitud representa en el total de los ingresos de la Comunidad Autónoma pone de manifiesto la importancia que para la región tiene abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, tal como viene reclamando desde hace tiempo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Asimismo, ha precisado que el 14 por ciento restante, es decir, 1.037 millones, “se corresponde con los ingresos de carácter tributario que gestionamos desde la Administración regional y los provenientes de otras administraciones, así como los tributos propios o cedidos”.
La segunda magnitud la constituyen los ingresos en relación al REACT EU. “Para 2023 hemos presupuestado la cuantía que esperamos ingresar como consecuencia de las justificaciones de gasto que venimos realizando y que asciende a 136 millones de euros”, ha matizado.
La tercera magnitud es el déficit autorizado, que para las comunidades autónomas se ha fijado en el 0,3 por ciento del PIB. Y la cuarta y última magnitud son los ajustes de contabilidad nacional, que suman 47,9 millones de euros y que son aquellos ajustes que se deben realizar para que el techo de gasto sea fijado en términos de contabilidad nacional. El consejero ha indicado que la variación respecto a 2022 es consecuencia de dos factores: el cambio en la metodología de contabilización de determinados fondos europeos y el retraso en la aprobación del programa operativo 2021-2027.
Finalmente, ha incidido en la desaparición de las denominadas transferencias extraordinarias que en los dos últimos ejercicios se recibieron del Estado para hacer frente a la Covid-19, compensar la liquidación negativa del sistema de financiación o hacer efectivo el pago del IVA dejado de percibir en 2017 y que fue objeto de denuncia ante la Audiencia Nacional.
En definitiva, ha señalado Ruiz Molina, un techo de gasto que asciende a 7.554,3 millones de euros y que permitirá mantener, prácticamente, la misma capacidad de gasto extraordinario de 2021 y 2022.
