El sistema de atención primaria en España «ha sufrido dos pandemias: la de la COVID-19, y la de la gestión sanitaria, que ha adolecido de una falta de planificación e inversión suficiente para afrontar la primera, situando este servicio entre el abandono y el desmantelamiento». Así lo denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que, aunque se centra en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, la organización teme «que esta situación podría estar produciéndose en otros territorios en mayor o menor medida». «Las comunidades autónomas deben, de manera urgente, incrementar las plantillas de la atención primaria con el fin de alcanzar ratios de profesionales de otros países de la Unión Europea, para hacer frente al aumento del volumen de trabajo y a la campaña de vacunación», subrayan.
Amnistía Internacional lamenta que «esta gestión deficiente haya tenido y tenga todavía graves consecuencias sobre el acceso al derecho a la salud en España durante la pandemia, especialmente para las personas más vulnerables, que padecen enfermedades crónicas o que requieren una mayor dependencia del sistema sanitario (aquellas con cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras); las personas mayores, las personas que padecen enfermedades de salud mental, o inmigrantes. También las mujeres, que representan la mayoría de las cuidadoras de las personas enfermas, han sufrido de manera desproporcionada el impacto de una atención primaria desbordada y han hecho frente a una sobrecarga de trabajo y cuidados».
A «la falta de personal ya existente previo a la pandemia y a la sobrecarga asistencial, así como a las listas de espera en atención primaria, que aunque varían según el centro se sitúan ahora en torno a una semana en algunos casos, se suma el cierre de más de 60 centros y 449 consultorios en Madrid y Cataluña, así como la modificación de protocolos asistenciales y el cambio del modelo presencial al telefónico, que se ha llevado a cabo sin el refuerzo de medios suficientes y sin la información y formación adecuada para pacientes o personal sanitario».
Esta situación «ha generado múltiples barreras en el acceso a la salud y ha tenido un impacto en personas cuyo retraso en la atención sanitaria podría haber agravado su condición de salud o retrasado un diagnóstico. Además, esta merma en la accesibilidad a centros de salud, la falta de medios suficientes y una gestión de la pandemia que no ha integrado de manera adecuada las necesidades especiales de las personas con patologías no-COVID en la respuesta a la crisis, ha provocado una discriminación indirecta de éste grupo de personas».
Según una encuesta realizada «por la Plataforma de pacientes con enfermedades crónicas sobre el acceso a la atención sanitaria durante la pandemia, al 69% de las personas entrevistadas le cancelaron diversas consultas programadas de manera previa a la crisis por COVID-19, entre las que se encontraban las consultas hospitalarias (46,3%), las del hospital de día (3,4%) y de atención primaria (19,3%). Sólo el 25,3% de las personas a las que se les cancelaron las consultas, tuvieron acceso a los centros de atención primaria una vez finalizado el confinamiento».
«Se han desoído así recomendaciones de la OMS y mecanismos internacionales que instaban a reforzar la atención primaria desde el inicio de la pandemia para poder garantizar el derecho a la salud de todas las personas, de manera especial las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. De hecho, España está por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno en un ratio de personal médico en atención primaria y de enfermería por 1.000 habitantes de 0.77 y 0.66 respectivamente. Ratios que no han sufrido prácticamente cambios en los últimos diez años y que, en el caso de la de personal facultativo de atención primaria, está muy alejadas de las de países como Portugal, con mejor ratio de Europa (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42)», lamenta Amnistía Internacional en nota de prensa.
«Ningún sistema sanitario podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud, pero la estamos afrontando con un sistema de salud muy debilitado como consecuencia de las medidas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años, especialmente con respecto a la atención primaria, fundamental para hacer frente a este tipo de crisis”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “España lleva doce años desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Relator Especial ONU sobre el derecho a la salud, que instaban a los Estados a reforzar la atención primaria y destinar el 25% del total del gasto sanitario a este nivel asistencial; sin embargo en España ha sido más bien al contrario, ésta se ha visto reducida en un 13% entre 2009 y 2018. Casi un año de pandemia después y con la tercera ola de récord de contagios encima, las autoridades no parecen haber rectificado”, añade.
“La importancia de la atención primaria ha estado más presente en los discursos institucionales que en las decisiones políticas: la valoración de su capacidad asistencial ha estado ausente en el diseño de las medidas de salud pública. Actualmente, en plena campaña de vacunación, nos encontramos en una situación cercana al colapso”, denuncia Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España.
