El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido, esta mañana en Soria, la necesidad de abordar el problema de la despoblación a través de un cambio en el modelo de financiación autonómica, y ha advertido, junto con los presidentes de las comunidades de Castilla y León y Aragón, de que “estamos absolutamente determinados a hacernos escuchar”.
Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico, junto a sus homólogos en las citadas autonomías, Alfonso Fernández Mañueco y Javier Lambán, durante el acto de firma de la solicitud conjunta que las tres comunidades remitirán al Gobierno de España para que la Comisión Europea incluya a las provincias de Cuenca, Teruel y Huesca en la categoría de zonas más desfavorecidas por la despoblación, mediante una modificación del Mapa Español de Ayudas Regionales.
En este marco, el presidente regional ha defendido que “el documento que hoy firmamos tiene que tener consecuencias” en el ámbito de la política nacional y comunitaria. A este respecto, García-Page ha añadido que “frente a los discursos y los mítines, de verdad, créanme, nosotros también ya solo vemos la realidad del presupuesto, de las decisiones y de las determinaciones del Estado”.
Asimismo, el presidente castellano-manchego ha defendido que “el papel que vamos a jugar las autonomías es plenamente constitucional, es más, una obligación constitucional”, ha insistido. A este respecto, ha expuesto que “no deja de ser una anomalía, desde el punto de vista democrático, y produce unas injusticias, desde el punto de vista de la representatividad, que no se corresponde ni con las hectáreas y kilómetros cuadrados que están aquí representados, la mitad de España”, en referencia a los territorios de Castilla y León y Aragón.
La despoblación “no es una moda”
“El concepto de despoblación no es una moda”, ha proseguido García-Page, y “este planteamiento de participación en el debate nacional, de las autonomías va a ser recurrente”, ha indicado, más aún en el contexto de la pandemia del virus que ha evidenciado que “las autonomías y los presidentes de las autonomías no somos un añadido al Estado, somos parte del Estado, y por tanto somos Estado”, ha sentenciado.
En este sentido, ha señalado que “las cuentas terminan siendo muy claras, y se trata de un problema de igualdad”. Asimismo, ha señalado que los ciudadanos “tienen derecho constitucional y absoluto a tener un trato proporcional y justo en los servicios básicos y esenciales como la Educación y la Sanidad. Y esto tiene que ver de una manera directa con el sitio en el que se aplica”, ha apostillado.
Por este motivo, García-Page no ha descartado “la posibilidad de utilizar los mecanismos de recurso al Constitucional si se toman decisiones en Madrid que vulneren el principio de igualdad” en lo que se refiere a la prestación de los servicios básicos, en el territorio castellano-manchego.
