La Fiscalía pide nueve años de cárcel para una acusada de obligar a una mujer a prostituirse en pisos de Cuenca

La Fiscalía solicita seis años de prisión por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y tres años por prostitución proactiva

Audiencia Provincial de Cuenca

La Audiencia Provincial de Cuenca acogerá el próximo miércoles, 13 de abril, la vista oral para un acusado de obligar a prostituirse a un mujer en pisos de Cuenca. La ministerio fiscal solicita en sus conclusiones provisionales una pena de seis años de prisión por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y tres años por prostitución proactiva. Asimismo, plantea la prohibición de aproximarse o comunicarse por cualquier medio, directo o indirecto, con la víctima o con cualesquiera de sus familiares por tiempo de cinco años.

El escrito de la Fiscalía considera que el acusado, una mujer de 23 años, era conocedora de la situación de prostitución en la que se encontraba la víctima en las islas Canarias y le ofreció, junto a otro acusado por los mismos hechos, a través de una página de contactos venir a Cuenca para trabajar pagándole junto a una compañera tanto el billete de avión a Madrid- Barajas así como los demás gastos del viaje. Asimismo, precisa que fueron recogidas en el aeropuerto de Barajas por la acusada «y trasladadas a Cuenca el 29 de junio de 2018, instalándose en la vivienda sita en dicha localidad (vivienda que previamente había sido alquilada por la acusada con la finalidad de explotarla sexualmente)».

Durante el tiempo que la víctima estuvo en Cuenca y aprovechando la situación de penuria económica de la víctima en su país de origen «(con un hijo de corta edad a su cargo al igual que su madre), la obligaban al ejercicio de la prostitución con clientes previamente seleccionados por los acusados y siendo el precio por los servicios sexuales de la testigo protegida pactados y cobrados por los acusados, sin que la testigo protegida recibiera durante el mes que estuvo en Cuenca ningún dinero de ello, llegando incluso a trasladarla a domicilios particulares elegidos por los acusados para el ejercicio de la prostitución, no pudiendo la testigo protegido abandonar la vivienda en tanto en cuanto no pagara la deuda de 1.800 euros con los acusados derivada del uso de la vivienda y de los billetes de avión de Tenerife a Madrid».

Ante esta situación, la víctima contactó con otra mujer «contándole todo lo ocurrido (que la tenían controlada en todo momento), siendo esta la que siendo esta la que presentó la denuncia en julio de 2018 ante la Policía Nacional.