El sindicato docente ANPE ha exigido «una bajada de ratios más ambiciosa y que llegue a todas las etapas educativas». En nota de prensa, contesta al anuncio del presidente regional, Emiliano García-Page durante el Debate sobre el Estado de la Región de reducirla a 22 alumnos por aula en Educación Infantil de tres años.
ANPE considera que «esta medida es insuficiente y alejada del gran acuerdo que requiere la enseñanza pública de la región. La reducción de ratios de cualquier nivel siempre es positiva, pero no puede quedar aislada del resto de enseñanzas». Apunta que «actualmente la ratio de las distintas enseñanzas es de 25 alumnos por aula para infantil y primaria, 30 para Educación Secundaria y 35 para Bachillerato y Formación Profesional».
ANPE recuerda que «las enseñanzas de formación profesión y enseñanzas de régimen especial (Idiomas, Adultos, Conservatorios,…), se mantienen, desgraciadamente, incrementadas en un 20%, ya que el Decreto 105/2012 sigue en vigor. Además la ratio de bachillerato se ha fijado en 35 alumnos, cuando la ley de presupuestos de 2016 la fijaba en 32».
Para ANPE «no hay nada más lesivo para la atención educativa individualizada y para la inclusión educativa que un elevado número de alumnos por aula, acentuado por las dificultades de aprendizaje sufridas por el alumnado más vulnerable, durante la pandemia por motivo del COVID».
El número de alumnos por aula, apunta el sindicato, «es un criterio fundamental a la hora de confeccionar las plantillas de los centros, por lo que no solo afecta a la masificación de las aulas, con unas ratios insostenibles, sino al mantenimiento de los recortes de plazas de profesorado».
ANPE insta «a negociar un nuevo Decreto de ratios máximas de alumnos por aula en nuestra región que derogue las ratios existentes antes de la aprobación del Decreto 105/2012 , reducir la ratio de Bachillerato a 32 alumnos por aula, como establecía la Ley de Presupuestos de 2016, y acometer una reducción de ratios generalizada en todas las etapas educativas».
ANPE urge a la consejería de Educación «a convocar la Mesa Sectorial de Educación, con los legítimos representantes del profesorado, para alcanzar acuerdos para la mejora de las condiciones laborales del profesorado y la mejora del sistema educativo».
