La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha confirmado la próxima demolición de la presa de Cristinas, en el río Cabriel, actuación que viene avalada por el cumplimiento de las normativas europeas, nacional y del propio organismo de cuenca. Además, ha indicado que cuentan con una resolución favorable del Gobierno de Castilla-La Mancha aunque si algún organismo aportase razones justificadas para evitar esta actuación podría ser estudiada.
Luis Garijo , comisario adjunto de la CHJ, ha precisado que «la directiva marco europea del agua marca como objetivo alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua en el que tiene mucho peso la continuidad longitudinal de los ríos y una barrera transversal en un cauce es una anomalía. La Ley del Plan Hidrológico Nacional establece en el artículo 28 la obligatoriedad de demoler todas aquellas barreras que no estén vinculadas a una concesión, sin uso establecido legalmente. Además, el Plan Hidrológico del Júcar establece las medidas para eliminar todas las medidas transversales, fuera de uso, de nuestras masas de agua».
Estas mismas fuentes han precisado que la presa de Cristinas «tal y como está concebida hoy en día, era de titularidad de Iberdrola, del siglo XX. Es una concesión a Iberdrola que en el año 1997 se extingue con el procedimiento legalmente establecido y que implica una información pública. Esa resolución se emite en el año 1997, no aparece ninguna alegación en contra y se resuelve el expediente en el año 1997 extinguiéndose el derecho y pasando a formar parte del programa de eliminación de barreras transversales porque ha quedado fuera de uso, no tiene titularidad y no tienen ningún uso vinculado. Y se ha tramitado conforme a ley sin que se haya presentado ningún recurso contencioso-administrativo, ni nada». La Confederación incluyó en sus presupuestos de 2021 esta iniciativa aunque «antes de demoler hicimos una consulta a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y nos aporta una resolución favorable donde no pone ninguna objeción a que sea demolida. Si hubiese puesto algún problema, lo hubiésemos tenido en cuenta».
La intervención, a la espera del final del periodo de nidificación de las aves
Garijo sostiene que «ahora mismo se encuentra con todas las aprobaciones y bendiciones para ser demolida. La Confederación va a actuar conforme a la legalidad vigente. Si se presentase algún escrito de alguna administración que tuviese competencia sobre ello pues lo tendríamos en cuenta en función de la legalidad. Si hay alguna norma de rango superior o alguna justificación…pero tendrá que ser con criterios técnicos, objetivos y plasmados en algún tipo de expediente. Pero es que en el expediente no hay nada de eso. Tampoco aparece protegida en ningún sitio, ni tiene ninguna catalogación. En estas circunstancias, no podemos hacer otra cosa».
El comisario adjunto ha avanzado que la previsible demolición se llevará a cabo a partir del verano. «Los plazos vienen condicionados por los periodos de nidificación de las aves. Ahora estamos esperando que finalicen estos periodos para no afectar a las especies que puedan tener nido en la zona. No queremos hacer más afección de la necesaria y estamos esperando a hacerlo a partir de agosto pero estamos abiertos a que si aparece cualquier norma o cualquier administración que considere que hay un motivo reglado o justificado, pues lo estudiaremos».
