Carmen Sáez García – Secretaria de Agricultura, Ganadería y Nueva Cultura del Agua de Podemos CLM. Viticultora
Si queremos mantener nuestro tejido productivo primario y asegurar nuestra soberanía alimentaria, estos precios deben quedar fijados como referencia. De esta manera, ni bodegas, ni intermediarios, ni especuladores podrán ofrecer a los agricultores y las agricultoras unos precios de compra por debajo de sus gastos de producción.
Se acerca la temporada de vendimia y llega precedida por las justificadas protestas de los agricultores ante los bajísimos precios de la uva. Y es que, aunque es habitual entre las grandes bodegas, que son las que suelen marcar las tendencias del precio final de la uva, el anunciar unos irrisorios precios de compra al principio de la temporada como técnica de negociación para asegurarse un margen en el precio que le resulte rentable al final, este año los precios pintan alarmantemente bajos.
Ya se vieron tractoradas a principio de año, que independientemente de las intenciones políticas de los convocantes, protestaban por el bajo precio de los productos del campo. Esto es así en cada temporada, frutas y hortalizas, cebollas, ajos… y ahora la uva. Campaña tras campaña, asistimos a una espiral en la que el precio se reduce hasta puntos en los que a veces apenas llega a cubrir los costes de producción, o incluso ni eso, y los agricultores acaban vendiendo a cualquier precio por tratar de rentabilizar en parte su trabajo.
Diariamente podemos ver en supermercados y fruterías como, por los productos por los que pagamos varios euros por kilo, el agricultor sólo percibe unos céntimos. Precios que se pueden multiplicar hasta por diez o más entre el origen y el consumidor final, dando lugar a comprar a 3 o 4 euros/kilo productos por los que el agricultor percibe unos 30 céntimos.
Existen diferentes factores para este sobrecoste. Unas veces, son intermediarios/especuladores que inflan el precio en el trayecto del campo al mercado minorista, en algunos casos reteniendo partidas enteras de producto generando una “demanda artificial” que justifique la subida de precio. Otras veces, son las grandes superficies comercializadoras las que pactan precios de compra en origen con los productores cerrando un acuerdo de producción en exclusiva. Los precios que les ofrecen, aunque sobre el papel parecen rentables al agricultor, al final acarrean problemas, pues se dan casos en que cargamentos se rehúsan por el comprador por falta de calidad y deben ser o renegociados a un precio ínfimo o destruidos. En definitiva, y pese a eliminar intermediarios en los acuerdos, estos no redundan en un mejor precio para el consumidor, sino en un mayor beneficio de las grandes superficies.
A pesar de que sea bien conocido el origen del problema, no es sencilla su solución. Es un problema enquistado durante años en nuestra sociedad de consumo, que en todo este tiempo ha dado lugar a la creación de una suerte de lobby que hace y deshace sobre los precios del campo, y que incluso ante las movilizaciones de los agricultores, amenaza con traer producto de fuera a precios aún más bajos para rebajar los ánimos y las pretensiones negociadoras de la parte productora y que acepten las condiciones de compra.
Todos estos años, ha existido una falta de voluntad política manifiesta para regular un mercado que resulta a todas luces abusivo para los pequeños agricultores, muchos de los cuales se encuentran ya al borde de abandonar definitivamente la actividad por no resultarles rentable. Frente a esto, la solución ha de pasar necesariamente por dotar de un mayor poder negociador a los agricultores. Es necesario que exista una mayor presencia del tejido cooperativo y que se les dote de las necesarias herramientas en la estimación de los precios.
En cualquier caso, es impensable que no se tengan en cuenta los costes de producción del producto para fijar estos precios, como deberá reflejarse en la Ley de la Cadena Alimentaria, actualmente en tramitación en el congreso. Desde Podemos Castilla-La Mancha reclamamos que la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural debe defender los intereses de nuestro campo, y para ello es fundamental que exista un estudio sobre dichos costes de producción por parte de un organismo especializado como, por ejemplo, la Agencia de Información de la Cadena Alimenticia (AICA).
