Este miércoles 5 de febrero, representantes de la Asociación Profesional de Ingenieros Agrónomos de Cuenca (APIAC) se han reunido con Rodrigo Fernández Alcalde, delegado provincial en Cuenca de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. El motivo de la reunión ha sido conocer de primera mano el estado de tramitación de los expedientes de incorporación a la actividad agraria de convocatoria de 2023 y que todavía no han sido resueltos. El delegado ha confirmado que aproximadamente la mitad de los expedientes no van a recibir la ayuda de incorporación y emplaza a los jóvenes a la nueva convocatoria.
Para APIAC, esto supone numerosos inconvenientes para los aspirantes, ya que «retrasa al menos un año» sus previsiones de incorporación y «aumenta los gastos que deben asumir en la tramitación». Eso en el caso de que no rebasen la edad máxima de 40 años para su incorporación como jóvenes o hayan acometido inversiones en la misma convocatoria de la que ahora no recibirían ayuda, destacan. Las complicaciones también surgen, dicen, para los jóvenes que hubieran iniciado su actividad empresarial y sus planes no hayan sido aprobados, ya que «no pueden solicitar derechos a la reserva nacional por fases como es lo habitual, ya que lo más frecuente es que las incorporaciones sean progresivas».
APIAC señala que el Fernández Alcalde ha reconocido que desde hace meses la Consejería ha animado a los jóvenes a que iniciaran su andadura profesional en el sector agrario al amparo de estas ayudas «cuyo montante ha resultado claramente insuficiente para la expectativa creada».
Otra de las quejas que han trasladado desde APIAC a la Consejería ha sido la falta de criterios sólidos y unificados en la baremación de los expedientes. En alguno de ellos «se nos ha trasladado a los técnicos diversas interpretaciones desde las distintas oficinas comarcales o han variado a lo largo de la tramitación de los expedientes que se inició en diciembre de 2023 y cuyas resoluciones todavía no han sido publicadas a pesar de que la propia convocatoria cuantificaba en seis meses el plazo de resolución».
APIAC entiende que ha habido una «mala planificación presupuestaria y de manejo de los plazos» por parte de la Consejería. No así por parte de los técnicos de las OCAs y de la delegación, insisten, sin cuya dedicación «los plazos se hubieran demorado más, ya que ellos están totalmente implicados en la consecución de los objetivo de estas ayudas, que es facilitar la incorporación de los jóvenes de las zonas rurales a la agricultura y la ganadería». Desde APIAC agradecen la colaboración y ayuda de ellos para el desarrollo de los planes empresariales. Los perjudicados de todo esto, dicen, son los propios jóvenes, lo que se traduce en un «desapego de estos» hacia el sector agrario, a lo que ayuda la carga burocrática que conlleva el desarrollo de la actividad y la crisis de precios constante en el sector.
