La senadora del PSOE por Cuenca, Carmen Torralba, ha criticado que los responsables del PP conquense defiendan la postura “irresponsable e improvisada” de su líder a nivel nacional con respecto al decreto de protección social que plantea la subida de las pensiones, las ayudas al transporte o las ayudas a los afectados por la DANA, entre otras medidas.
Torralba ha señalado el “empeño” del PP en intentar desgastar al Ejecutivo central, “aunque eso suponga ignorar y menoscabar las necesidades de la mayoría social”. La postura de los populares votando contra la subida de las pensiones o contra las ayudas al transporte es “pura estrategia política”, según Torralba, que considera que los populares utilizan la protección social como “arma arrojadiza” contra el Gobierno. “Tendrán que explicar a los 45.383 pensionistas conquenses y a las miles de personas que se benefician de las ayudas al transporte porqué han decidido jugar con medidas tan importantes para sus bolsillos”, ha apostillado Torralba.
Según la senadora socialista, los españoles han visto “con claridad” las verdaderas intenciones del PP y su estrategia de boicot, lo que ha ocasionado que los populares hayan tenido que dar “marcha atrás” demostrando una “absoluta falta de seriedad y poniendo en evidencia lo poco que les importa el bienestar de la ciudadanía”. Según Torralba “ya no engañan a nadie”.
Recuerda la socialista conquense que el PP lleva votando año tras año en contra de la revalorización de las pensiones desde 2020, algo que se ha convertido en “costumbre” pero no por ello resulta menos grave, pues demuestra que el PP “se pone siempre del lado contrario de los pensionistas y la mayoría social”.
“Durante la última semana el Partido Popular ha intentado justificar su postura con excusas falsas y argumentaciones que no se sostienen”, ha aseverado la senadora, que ha concluido demandando al PP y a sus responsables en Cuenca que dejen de jugar con la vida de las personas y que se centren en lo realmente importante: garantizar el bienestar de las personas, proteger los derechos sociales y fortalecer los servicios públicos de calidad.
