El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha dictado como nulo el decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de la aplicación de la ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, tras haber estimado el recurso contencioso-administrativo que interpuso Ecologistas en Acción por la ausencia de los informes perceptivos del Consejo Regional de Caza.
Según el fallo, la organización ecologista presentó la demanda contra este decreto aprobado por la Consejería de Desarrollo Sostenible después de que considerar un «defecto formal» durante el proceso de su elaboración la ausencia de los informes del Consejo Asesor de Medio Ambiente, del Consejo Regional de Caza y del Consejo Regional de Pesca Fluvial, por ser órganos de participación y representantes intervinientes en la norma «y que considera eran perceptivos previa la aprobación del Decreto».
Ecologistas en Acción considera, según la sentencia, que «las certificaciones de las actas referidas a las sesiones de cada uno de dichos Consejos no suplen la ausencia de los correspondientes informes que no aparecen incorporados al expediente administrativo». Por su parte, desde la Junta de Comunidades alegaron que se cumplió «escrupulosamente con la audiencia, información pública y participación de todos los sectores afectados».
La Sala considera que los informes del Consejo Asesor de Medio Ambiente y del Consejo Regional de Pesca Fluvial «no tienen relevancia decisiva para considerar su ausencia determinante de la nulidad del Decreto por el que aprueba el Reglamento de Caza». Sin embargo, el informe del Consejo Regional de Caza «era perceptivo, aun no vinculante, y su ausencia sí tiene la relevancia necesaria para determinar la nulidad, por entrañar una inobservancia trascendente para el cumplimiento de la finalidad a la que se tiende su exigencia, pues está orientado a contribuir al acierto y legalidad del texto que se aprueba».
Tras esta sentencia, Ecologistas en Acción denuncia los «procedimientos ilegales y antidemocráticos que de un tiempo a esta parte está poniendo en práctica el Gobierno regional» en la aprobación de normas que afectan al medio ambiente y a la ciudadanía en general. Además de en el Reglamento de Caza, «se ha seguido la misma pauta para modificar la Ley de Caza y facilitar que se dispare en caminos y vías públicas, también para permitir transformaciones de cultivo que dañan Zonas de Especial Protección de Aves o para promover la instalación de macrogranjas y de plantas de biogás», señalan desde la organización.
Ecologistas en Acción resalta que apuesta por la participación social en la aprobación de todo tipo de normativas y por ello reclama al Gobierno regional, y singularmente a la Consejería de Desarrollo Sostenible, que «confronte abiertamente su elaboración con todas las partes interesadas y no solo con los sectores económicamente interesados». Asimismo, reclama que «no se hagan oídos sordos a las críticas y a las alegaciones que se presentan» y señala que «si éstas fueran atendidas, mejorarían sustancialmente las normativas que se aprueban reduciendo los conflictos judiciales».
