Carlos Muñoz Román
La instalación de proyectos industriales y energéticos en Castilla–La Mancha es un fenómeno que, lejos de detenerse, se incrementará en los próximos años. Esto hace probable que nuestra comunidad continúe siendo un referente nacional en la transición energética. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), España tiene como objetivo alcanzar un 42% de renovables en el consumo final de energía y un 81% de generación eléctrica para 2030.
Para alcanzar estas metas, el PNIEC prevé un crecimiento notable en la capacidad instalada. Actualmente, España cuenta con 28 GW de energía fotovoltaica y más de 30 GW de eólica. Sin embargo, se espera que estas cifras prácticamente se dupliquen para finales de la década, alcanzando los 76 GW de fotovoltaica y 62 GW de eólica. Este desarrollo, además de impulsar la descarbonización, podría generar entre 363.000 y 560.000 nuevos empleos para 2030, muchos de ellos vinculados a las energías renovables.
En este contexto, la provincia de Cuenca se posiciona como una región clave dentro del mapa de la transición energética a nivel nacional. Nuestra provincia, con su gran disponibilidad de terreno y condiciones climáticas ideales es un lugar idóneo para la instalación de energías renovables. Sin embargo, este protagonismo trae consigo una responsabilidad compartida entre empresas, comunidades locales y administraciones: garantizar que estos proyectos generen beneficios reales y sostenibles para el territorio.
No cabe duda de que, en los últimos años, Cuenca ha experimentado un crecimiento significativo en la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos. Proyectos de gran envergadura han comenzado a transformar el paisaje, pero también han generado inquietudes entre los habitantes sobre su impacto en el entorno o la economía local, muy vinculada a la agricultura, un sector que percibe con recelo el impacto de estas infraestructuras en su actividad económica y en el entorno natural.
Estos retos no son exclusivos de nuestra provincia, pero en una tierra que lleva años luchando a nivel institucional y social contra la despoblación y el envejecimiento poblacional, el debate adquiere un matiz especial.
Las empresas que deciden invertir en Cuenca deben ser conscientes de la complejidad del territorio y asumir un rol activo en la creación de valor compartido. Más allá de cumplir con los requisitos legales, deben trabajar codo con codo con los municipios, asociaciones locales y vecinos para garantizar que las iniciativas empresariales sean sostenibles, inclusivas y beneficiosas para todos. En otras palabras, es fundamental que las empresas también apuesten por una más que obligatoria Licencia Social para Operar que vaya más allá de las especificaciones legales y técnicas.
La transparencia es clave en este proceso. Los vecinos necesitan comprender qué implica cada proyecto, desde su impacto ambiental hasta los beneficios concretos que aportará a su día a día. Esto incluye tanto la generación de empleo local como el desarrollo de programas de formación para jóvenes y desempleados. Estas acciones no solo mitigan posibles tensiones, sino que ayudan a que, por ejemplo, la transición energética sea vista como una oportunidad y no como una imposición.
Otro aspecto crucial es cómo integrar estos proyectos energéticos en el entorno ambiental y cultural. La provincia de Cuenca, conocida por su impresionante riqueza natural y patrimonial, no puede permitirse sacrificar estos valores en nombre del desarrollo energético. Las empresas deben trabajar para minimizar el impacto ambiental de sus instalaciones, implementar medidas de compensación adecuadas y colaborar en la protección del entorno.
Por ejemplo, iniciativas que combinen la instalación de renovables con la restauración de hábitats o la promoción del turismo sostenible podrían ser un modelo a seguir más allá de las obligatoriedades recogidas en las declaraciones de impacto ambiental.
El papel de las administraciones también es fundamental. Tanto los gobiernos locales como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha deben actuar como mediadores, garantizando que los proyectos se diseñen y ejecuten con la participación activa de las comunidades afectadas. Además, y tal y como la ya ex ministra de Transición Energética y Reto Demográfico Teresa Ribera mencionó en algunos foros, es posible que el camino al que se deba escoger sea hacia la necesidad de establecer planes estratégicos que aseguren que estas actividades empresariales no solo sean viables desde el punto de vista económico y ambiental, sino también desde el social.
Asimismo, los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas, deben empezar a conocer que ya hay compañías que cuentan con esa visión social y que su propósito es ser un ‘buen vecino’ del municipio donde se instalen, contando para ello con partidas específicas destinadas a tales fines que se pueden usar en proyectos como, por ejemplo, la digitalización de cooperativas agrarias.
Cuenca tiene ante sí una oportunidad única para liderar con el ejemplo la transición energética. Los proyectos renovables pueden ser una herramienta poderosa para transformar el territorio, pero solo si se gestionan de manera adecuada. La clave está en la colaboración: empresas comprometidas, comunidades activas y administraciones responsables.
Estoy convencido de que el futuro de Cuenca se construye día a día en los campos y municipios de nuestra provincia, con la implicación de todos. Puede que para algunos exista un cierto recelo hacia la instalación de proyectos de energías renovables; aunque el recelo es comprensible, si conseguimos que cada iniciativa energética sea también un beneficio tangible de cohesión social y desarrollo territorial, Cuenca no solo será un pilar de la transición energética de España, sino un ejemplo de cómo el diálogo entre empresas y territorio puede ayudar de manera muy positiva y sostenible al mundo rural.
