El alcalde de Fuentelespino de Haro, Benjamín Prieto, ha avanzado que tras la reunión mantenida el pasado sábado con más de 200 personas en Puebla de Almenara, «habrá ayuntamientos que se personarán en la causa» por el supuesto tráfico ilegal de residuos procedentes de Italia. De los 15 ayuntamientos que participaron en la reunión 4 no son del PP, por lo que ha animado a todos los municipios de la comarca a unirse en la «depuración de responsabilidades, independientemente del signo político», pese a que conlleve «una instrucción larga». Ha matizado que el estudio jurídico revelará si conviene personarse en la causa de forma individual o conjunta y hasta qué punto es un beneficio para los ayuntamientos.
«Hay mucha preocupación en los pueblos por tener el macrobasurero más grande de Europa, con una opacidad e inseguridad constante día a día», ha declarado Prieto. Desde el incendio de 2021 se ha mostrado convencido de que la organización de contrabando hacía uso de las instalaciones y «como eco» de antiguas peticiones ha solicitado «la suspensión temporal de sus actividades».
«Animo a que os presentéis allí para ver cómo pasan más de 80 camiones al día desde cualquier punto de España y Europa», ha retado a sus interlocutores, ya que considera que se está incumpliendo el volumen de basura permitido de 300.000 toneladas anuales y el tratamiento de residuos que figura en el expediente de la empresa Reciclados Marquesado del Grupo Griñó. Aunque se ha mostrado resignado porque «hay empresas paralelas implicadas y es difícil saber la responsabilidad real».
Benjamín Prieto ha solicitado que se «depuren responsabilidades porque repercute en perjuicio de la calidad de agua y aire de los vecinos» y ha recordado que es un delito tipificado en el Código Penal. También ha anunciado que solicitarán una reunión con el alcalde de Almonacid, Álvaro Martínez Chana, presidente de la Diputación, para saber «por qué no ha movido un dedo y ha dicho que la empresa opera con normalidad a sabiendas del incumplimiento».
Además, ha revelado que el Partido Popular ha solicitado informes jurídicos a los técnicos de calidad ambiental correspondientes, tanto de aguas, como de trazabilidad residuos, para determinar las acciones que hay que llevar a cabo. A su juicio, después de que la Guardia Civil esclareciera los hechos, «está en juego la imagen del territorio y hay que cumplir con la legalidad». «Recurriremos a todas las instancias que hagan falta, desde la local a la regional, para que Emiliano García-Page desarrolle su competencia desde la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Confederación Hidrográfica del Guadiana», ha advertido. Junto a ello, ha sumado las preguntas que van a enviar a la Comisión Europea para recabar información sobre las vinculaciones de la trama fuera de las fronteras de España.
Respecto a la posibilidad de convocar alguna manifestación, ha asegurado que «es una parte más de la queja, junto a la parte procedimental» que es la que toca ahora y la de petición de documentación. Por eso, en el próximo pleno de la Diputación van a pedir un estudio pormenorizado del Instituto Geológico Minero sobre el estado de las aguas, las tierras y el aire en el entorno del vertedero, con el fin de desenmascarar a «los que han hecho la vista gorda».
«Un negocio con la mafia napolitana»
En la rueda de prensa junto a Marisa Ramírez, alcaldesa de Tres Juncos, también se ha manifestado el alcalde de Villaescusa de Haro, Cayetano Solana, quien ha calificado el vertedero de «paraíso para el depósito de residuos» puesto que Castilla-La Mancha no dispone de tasa de vertido y supone una extensión de 100 campos de fútbol. En su opinión, el incumplimiento de la valorización ambiental exigida y los detenidos en la operación de contrabando «hacen del vertedero una instalación opaca y peligrosa en la provincia».
En su opinión, «es un negocio con mafia napolitana que en vez de proteger a los vecinos de Almonacid tiene serios indicios de incumplimientos y expedientes sancionadores». Además, ha criticado a Martínez Chana por «renunciar al Consejo de Transparencia y limitarse a supeditar los puestos de trabajo de 40 familias a un problema de salud pública y de ilegalidad en la gestión de residuos».
