Cayetano Solana y Clara Plaza, portavoz y presidenta respectivamente del Grupo Popular en la Diputación, han sido los encargados de presentar las nuevas alegaciones de su partido a la modificación de la ordenanza fiscal del servicio de recogida de basura de la Diputación. Aprobada en el pleno de Diputación de 30 de octubre con los votos en contra del PP, la reforma de la ordenanza provincial supone un incremento del 30% en la tasa para vivienda y actividad empresarial en la modalidad de contrato único que abastece a 100 pueblos, y en el resto de municipios un aumento del 29,40 al 79,60% en la tasa de tratamiento de residuos en plantas de reciclaje. El PP vuelve a subrayar que «el tasazo es una injusticia y un asalto al bolsillo de los ciudadanos».
En primer lugar, Clara Plaza ha lamentado que no se aceptara la petición de derogación o de moratoria en su aplicación. Considera que las modificaciones «suponen un atentado contra la autonomía local, ya que se priva a los ayuntamientos de cobrar sus propios impuestos». Por su parte, Cayetano Solana ha adelantado que hay dos puntos principales en el documento de 17 páginas que desglosa diferentes argumentos para paralizar la ordenanza. «El informe técnico económico no se ajusta a la realidad del coste del servicio y la modificación propuesta no cumple el espíritu de la Ley 7/2022 porque no implanta bonificaciones por reducción de residuos sino que trata a todos por igual», ha concretado.
En este sentido, ha reconocido que el propio equipo de gobierno reconoció un desajuste del coste del 5%, por lo que ha pedido «rigor y que se inicie un informe nuevo que valore el informe económico ya existente». En su opinión, «la modificación solo beneficia a los que contaminan y no se preocupa de reducir residuos sino de imponer un canon de 30-40 euros por tonelada». Ha asegurado que «es un perjuicio para los ayuntamientos porque tienen que pagar más sin tiempo para modificar sus propias ordenanzas ni repercutir el coste en los vecinos». Espera que sus alegaciones se estimen en el próximo pleno de Diputación y la ordenanza no entre en vigor en 2025.
