Tras archivar la Fiscalía las diligencias que se abrieron contra dos mandos de la Policía Local de Cuenca a raíz de una denuncia presentada por el Ayuntamiento, fuentes del Ejecutivo local que preside Darío Dolz remarcan que «tal y como se señaló al inicio del procedimiento, se trata de una investigación interna por parte de los funcionarios municipales del más alto rango». En esa línea, indican que «como Equipo de Gobierno seguimos sin poder ni deber entrar en su contenido».
Agregan que se limitan a «solamente esperar que continúe el desarrollo del procedimiento administrativo y se dé resolución a los expedientes disciplinarios».
Es la breve respuesta por escrito que desde el Gobierno municipal se ha remitido a Voces de Cuenca y a otros medios que han pedido una valoración sobre la decisión de fiscal jefe de Cuenca, María Isabel Gómez, de archivar la investigación penal al considerar que no se puede acreditar que Juan Carlos Muñoz del Olmo, jefe de la Policía Local, y Mariano Casamayor, suboficial, hayan cometido irregularidades y concluir que no observa ningún delito en los hechos denunciados.
El Consistorio había remitido a la Fiscalía copia de los expedientes sancionadores incoados a ambos agentes «ante la posible concurrencia de hechos que indiciariamente podrían constituir infracción penal», que los pliegos de cargos identificaron como apropiación indebida, malversación de caudales públicos, infidelidad en la custodia de documentos públicos, falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación.
Fue el pasado 6 de abril cuando la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuenca, que preside Dolz e integra concejales del PSOE y Cuenca nos Une, acordó la suspensión provincial de las funciones de los dos mandos policiales y la apertura de un expediente sancionador, un acuerdo que fue anulado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca dos semanas después. El equipo gubernamental no quiso dar detalles sobre las causas del expediente y, tras la revocación de las medidas cautelares, alegó que «tanto la apertura de estos expedientes como las medidas cautelares son las propuestas por dichos funcionarios municipales en base a un informe jurídico, en ningún caso parten de motu proprio del equipo de Gobierno»».
