El Grupo Popular de la Diputación de Cuenca va a presentar este miércoles en el Pleno una moción para pedir a su presidente, Martínez Chana, que establezca una moratoria en la aplicación de la nueva tasa de basuras y que dé margen a los ayuntamientos para asesorarles en la adaptación a la ordenanza, sobre todo, cómo hacer los estudios económicos correspondientes.
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Cayetano Solana, ha recalcado que la aplicación de la nueva ordenanza fiscal de recogida de residuos es un tema de gran trascendencia para el 100% de los municipios. Cuando en 2022 se aprobó la Ley de Residuos cumpliendo la directiva marco de la Unión Europea, el objetivo según Solana era reducir paulatinamente los residuos y no aumentar el llamado «canon de depósito en vertedero» en 30 euros por tonelada.
Considera que no se cumple el lema de que quien contamina paga y a quien recicla se le premia. «Martínez Chana no está tomando medidas para adaptarse a la realidad, ha sucedido lo contrario, ha esperado al último minuto para aprobar esta ordenanza y ha dejado a más de un centenar de ayuntamientos sin posibilidad de cobrar lo que tienen que pagar», ha señalado.
Subida histórica
La nueva tasa de basuras que supone una «subida histórica» del 35% del importe del contrato, supondrá en una vivienda pasar de pagar 50 euros a 67, en un comercio de 114 a 155 y en un bar de 148 a 201. En cuanto a las plantas de residuos tendrán una subida del 140%, pasando de 29 a 70 euros. En opinión de Solana, la Diputación no ha planificado por desidia y deja a los ayuntamientos sin tiempo para recaudar, debería asesorarles en pautas responsables y bonificaciones al buen comportamiento. «Solo se preocupa de esquilmar y aprobará un tasazo impuesto por Sánchez cuyo beneficiario será Page», lamentó, «debería cobrar menos impuestos y hacer más campañas de sensibilización».
Por su parte, la presidenta del Grupo Popular de la Diputación, Clara Plaza, ha querido advertir que si el 10 de abril de 2025 entra en vigor esta ordenanza «están obligando a los ayuntamientos a aprobar la tasa en tiempo de descuento, lo que coarta su libertad y supone un ataque a la autonomía municipal, invadiendo toda competencia local». Ha añadido que «este asalto a los bolsillos es discriminatorio porque no se está teniendo en cuenta el tamaño de los pueblos, además de que genera inseguridad jurídica porque se teme que habrá recursos que colapsen el sistema».
Ha explicado que si el último día que tienen los ayuntamientos para aprobar la subida de 41 euros es el 7 de noviembre, contando con que se publique a tiempo en el BOP y haya 30 días hábiles para presentar alegaciones, la Diputación les cobrará lo que falte hasta los 70,60 euros, lo que calcula que podría suponer una media de 20-30 mil euros al año lo que tendrá que asumir cada ayuntamiento de la cuantía de este impuesto. «Con la carta del 24 de octubre enviada a los consistorios no da tiempo a investigar la diferencia del coste y aprobar la ordenanza», añadió, «vamos a hacer lo posible para presentar alegaciones».
Esta tasa afectará a todos los municipios, pero de forma diferente a los que están en el modo de recogida de basuras a través de la Diputación, que son un 30% (casi 100 municipios, los más pequeños), y los que tienen un modelo de recogida propia, que son un 140% (140 municipios, los más grandes, o sea tres cuartas partes de la provincia).
