La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha recurrido judicialmente la Resolución por la que se establece el procedimiento para la homologación en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de los grados de carrera profesional reconocidos por otros servicios de salud, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado 13 de septiembre.
CSIF entiende que se están «vulnerando los derechos de los trabajadores y además va en contra de la normativa del Sescam (Resolución de 22 de febrero de 2010) de procedimiento de homologación de grados reconocidos en otros servicios de salud, la cual ni siquiera es derogada ni suspendida por la Ley 1/2012 (Ley Cospedal)». La Central Sindical subraya que es una «necesidad» recuperar este derecho para todo el personal de ámbito sanitario del Sescam, ya sea fijo o temporal, y «lleve muchos años en nuestro servicio de salud o acabe de incorporarse».
La presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, señala que el Sescam, “en lugar de proceder al reconocimiento de la carrera profesional para todo el personal, lleva a cabo una discriminación negativa al igualar a todos los trabajadores en las peores condiciones laborales de todos los servicios de salud. Es decir, recortes para todos. Al menos, se mantiene el principio de solidaridad en cuanto a falta de derechos”.
CSIF recuerda que esta resolución se llevó justo a las puertas de la ejecución de un concurso de traslados externo, cuando más de 3.500 profesionales de ámbito sanitario de otras comunidades autónomas llegaron al Sescam «sin plazo para que pudieran renunciar a este traslado». Hasta esta resolución, los profesionales que llegaban de otros servicios de salud «sí tenían reconocido administrativa y económicamente la carrera profesional».
Al proceso judicial iniciado por CSIF hay que sumar «los recursos administrativos que los profesionales deben realizar para que se lleve a cabo el reconocimiento económico de los grados reconocidos en otros servicios de salud», por lo que el sindicato ofrece sus asesorías jurídicas para iniciar los procedimientos a título individual.
CSIF recuerda que la paralización de la carrera profesional es un recorte establecido en la disposición derogatoria 4 de la Ley 1/2012, la conocida como Ley Cospedal, y que «doce años después continúa vigente». La movilización llevada a cabo el pasado 1 de octubre a las puertas de los hospitales de las capitales de provincia de la región versaba sobre la carrera profesional, pero también «sobre otros recortes que sufren los trabajadores del Sescam: las restricciones en las incorporaciones hasta el 31 de diciembre por motivos económicos y el impago del complemento de productividad variable de los años 2020, 2021, 2022 y 2023».
