Cristina López y Fernando Garrote serán vocales del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Cuenca tras el visto bueno del Pleno, que ha votado favorablemente a su designación este lunes en la sesión correspondiente al mes de septiembre. De forma concreta, han votado a favor todos los grupos municipales salvo de VOX y del concejal Isidoro Gómez Cavero, que se han abstenido.
Al finalizar el apartado de mociones del Pleno Ordinario, la concejal Cristina López ha tomado la palabra para señalar la “ilusión” con la que afronta el nuevo cargo y la “tristeza” que no obstante le produce abandonar el Grupo Popular y la corporación municipal. El alcalde Darío Dolz ha agradecido el trabajo realizado en las dos corporaciones en las que ha formado parte y le ha deseado suerte. Desde otros grupos municipales con representación en el Ayuntamiento han coincidido en los buenos deseos.
Cristina López era concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, y Fernando Garrote está ligado a Podemos, siendo el número 3 en la lista de la confluencia Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca en las pasadas elecciones de 2023.
El concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, ha explicado que dada la antigüedad de los anteriores miembros en el cargo se ha considerado “necesario y procedente” la renovación de los miembros. El acuerdo incluye que la Presidencia del Tribunal estará en manos de Ismael Cardo, quien a su vez es presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha.
En el debate plenario los partidos han criticado la “falta de transparencia” del trabajo realizado por el Tribunal durante su actividad anual. El edil de VOX Rafael Rodríguez ha llegado incluso a pedir una rendición de cuentas “para saber si realmente es necesario y útil, así como obligatorio”.
Martínez Melero ha respondido que sí es obligatorio y que está formado como garantía para los ciudadanos de Cuenca, recordando asimismo que elabora una memoria anual que sirve para rendir cuentas de su actividad. Este Tribunal tiene por objeto resolver los recursos impuestos contra las resoluciones de los servicios de gestión tributaria, y resuelve anualmente medio centenar de conflictos, si bien en los últimos tres ejercicios la cifra se situó alrededor del centenar por la aplicación de la extensión de la sentencia que tumbaba el cálculo de las Plusvalías.
