El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo Autonómico es que el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas incorpore el ‘Rural Proofing’ o mecanismo rural, o lo que es lo mismo, “tiene que financiar el coste efectivo de los servicios en todos y cada uno de los servicios a los territorios”.
Así lo ha indicado en nota de prensa la Junta de Comunidades tras su intervención, hoy, en la mesa de diálogo sobre el peso del ‘mecanismo rural de garantía’ (rural proofing) en la legislación nacional y cómo lo aplican las diferentes administraciones. Una sesión, desarrollada en el Congreso de los Diputados de la mano del colectivo ‘El Hueco’, donde ha insistido en que la financiación “es la otra cara de la lucha contra la despoblación, puesto que el mantenimiento de esos servicios públicos significa un esfuerzo presupuestario adicional que no puede ir a coste de la gente que vive en el territorio o de las administraciones más cercanas”.
En este sentido, Martínez Guijarro ha trasladado «el trabajo que está llevando a cabo la región en la lucha contra la despoblación recordando que, desde el año 2022, toda la normativa, leyes, planes y programas, que se elabora en Castilla-La Mancha incluye un informe de impacto demográfico para identificar y valorar los efectos y resultados de estas normas en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación».
Desde entonces, «han sido un total de 81 informes de impacto demográfico los que se han elaborado en la región, a los que hay que sumar, tal y como ha explicado, las dos memorias de Impacto Demográfico que se han incluido en los presupuestos regionales de 2023 y 2024 donde se aúnan todas las partidas presupuestarias que se destinan, específicamente, a las zonas afectadas por despoblación».
Dos mecanismos «que contempla la Ley de medidas contra la despoblación, en vigor desde el año 2021, y que son pioneros en todo el territorio nacional». Pero, según ha advertido el vicepresidente primero, «queremos ir más allá y por ello vamos a analizar la ejecución de los presupuestos del 2023 para ver cómo se han ejecutado las partidas recogidas en la Memoria de Impacto Demográfico».
