La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha señalado que Castilla-La Mancha va a cumplir con el canon obligatorio de la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea que grava el uso y consumo de agua aprobando este jueves en las Cortes regionales una proposición de ley que mejora la aplicación de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, “una decisión que va a permitir la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua y mejorar los ecosistemas acuáticos en la región”.
Gómez ha indicado que junto a los mismos, la aplicación de este canon medioambiental que pretende ser “rigurosa” debido a la problemática que existe en la región respecto a la necesidad de infraestructuras hidráulicas, también “va a contribuir a ayudar a todos los municipios en la adecuación de la dotación de agua, a la consecución de objetivos medioambientales fijados por la legislación, a apoyar a las administraciones competentes en agua, y a la restauración de impactos ambientales para llegar a un buen estado ecológico de las masas de agua”.
La consejera de Desarrollo Sostenible ha realizado estas declaraciones de manera previa a su comparecencia en el Pleno de la Cortes regionales en el que se va a aprobar la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 2/2022 de Aguas de Castilla-La Mancha para la simplificación de algunos aspectos, un paso previo a su desarrollo reglamentario que se va a llevar a cabo en los próximos meses para su entrada en vigor el 1 de enero de 2025, “aunque no será hasta mediados de 2025 cuando comience su aplicación real a los ciudadanos de Castilla-La Mancha”, ha indicado.
A este respecto, Gómez ha asegurado que Castilla-La Mancha, después de 20 años de exención del canon DMA, “va a tener el más económico y bajo de todas las comunidades autónomas”, recalcando que “lo más importante, es que va a permitir contar con un fondo finalista exclusivo para la financiación de infraestructuras hidráulicas en materias de abastecimiento y para la mejora de la calidad del agua en materia de depuración contribuyendo a que se puedan acometer 629 nuevas infraestructuras”.
En este sentido ha subrayado que estas infraestructuras “son muy necesarias dado el incumplimiento de los municipios que las deben albergar en materia de vertido, ya que deben mejorar sus redes de abastecimiento que arrojan graves pérdidas en algunos casos”.
Poniendo varios ejemplos “significativos” de lo que supondrá su aplicación “real”, la consejera ha manifestado que “no se puede hacer demagogia con el coste del agua y mucho menos decir que va a suponer una pérdida de recursos económicos cuando el 80 por ciento de los hogares de Castilla-La Mancha con un consumo moderado al mes pagarán menos por el canon DMA variable que por un café”.
De hecho, ha defendido que la realidad de Castilla-La Mancha «es muy distinta a la que algunos quieren trasladar», pues lo cierto es que el 90 por ciento de los municipios de Castilla-La Mancha aplicarán menos de 1,50 euros por vivienda, y para los residentes en los municipios de 20.000 habitantes sólo tendrán que pagar 1 euro más.
Además, ha señalado que el canon DMA tiene como objetivo lograr un uso responsable del agua entre ciudadanos, empresas y ayuntamientos; “un aspecto muy importante teniendo cuenta que hay municipios que no están teniendo en cuenta la media de 150 litros por habitante y día, y están consumiendo cerca de 800 litros, lo que supone una gran irresponsabilidad”.
Solución para los problemas de abastecimiento y depuración de muchos municipios
Mercedes Gómez ha reiterado que el canon DMA va a permitir que el Gobierno regional pueda solucionar los problemas de abastecimiento y depuración que están teniendo muchos municipios de la región, por lo que se ha establecido un periodo de carencia de cuatro años desde la entrada en vigor del canon “para que tengan tiempo para la renovación de redes de suministro y las pérdidas de agua, y para ello van a tener a su disposición el 25 por ciento del canon”.
En Castilla-La Mancha, según ha indicado, “se necesitan infraestructuras modernas y digitalizadas para las generaciones futuras valoradas en unos 600 millones de euros, por lo que conseguir fondos y financiación para inversiones hídricas es primordial”.
Por este motivo, “debemos mejorar nuestras redes de abastecimiento, los sistemas de tratamiento, garantizar su autonomía energética, digitalizar depósitos, controlar averías y fugas y reducir las pérdidas de agua que ya tienen los municipios y están pagando”, ha apuntado la consejera.
La consejera de Desarrollo Sostenible ha señalado que el canon “es una tasa medioambiental que procede de la Directiva Marco del Agua y por lo tanto es de obligado cumplimiento. Otras regiones de España, entre ellas las gobernadas por el PP, ya lo aplican desde hace 20 años como es el caso de Galicia, o de Andalucía que lo ha recuperado este año y con una previsión de ingresos que supera los 140 millones de euros”, ha subrayado.
Ha continuado manifestando en esta misma línea que según las estimaciones que barajan, “los 15 millones de euros que podría recibir en su primer año de aplicación, en el caso de Castilla-La Mancha se van a destinar a los objetivos anteriormente indicados para impulsar una gestión más sostenible del ciclo integral del agua, por lo que queda muy claro que poco tiene de afán recaudatorio y mucho menos de llenar el bolsillo de nadie”.
Bonificaciones y exenciones
Gómez también ha subrayado que la modificación de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha permite la simplificación de algunos aspectos como la referencia al número de habitantes de la vivienda en el cálculo del canon, por lo que no se va a tener en cuenta el número de personas que viven en la misma vivienda. Además, se mantienen los tramos de consumo, por lo que los primeros 10.000 litros de agua consumidos cada mes estarán exentos de pago. Esto significa que “una familia media no tendrá que pagar casi nada si no supera dicho consumo”.
A eso ha añadido que en Castilla-La Mancha “habrá bonificaciones de hasta el 50 por ciento por ciento del canon para familias numerosas, que llegarán al 100 por cien en el caso de las víctimas de violencia de género y personas vulnerables”.
La población rural va a contar con bonificaciones del 25 por ciento para quien resida en los municipios de menos de 20.000 habitantes; y del 50 por ciento si son menos de 5.000 habitantes. El sector primario también va a contar con exenciones y bonificación.
